Los asesinados en la Riba de Escalote (Soria) serán devueltos a sus familias

El próximo 4 de septiembre de 2021 los cuerpos de las cuatro personas asesinadas el 16 de septiembre de 1936 por fuerzas de Guardia Civil y Falange serán devueltos a casa.

La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD), actual custodia de los cuerpos, hará entrega a sus familiares de los restos mortales y los objetos personales hallados en las fosas comunes exhumadas bajo presencia de autoridades judiciales el 28 de septiembre en un acto de reconocimiento social y homenaje.

La jornada comenzará a las 18.30 de la tarde en la plaza del Vergel desde dónde se partirá en un acto de visibilización hasta el Centro Cultural Palacio de la Audiencia en cuyo teatro a las 19.30 se desarrollarán los actos de entrega de los cuerpos y homenaje, según ha detallado la asociación memorialista a través de un comunicado.

Las tres personas identificadas en la causa abierta por los asesinatos en el Juzgado de Almazán serán entregadas a sus familias y la cuarta de ellas, no identificado por el juzgado, previsiblemente Silverio Lumbreras, lo será también si las pruebas genéticas que confirmen sin ningún género de duda su identidad llegan a tiempo. Para poder identificar a la cuarta víctima el pasado día 3 de agosto científicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi extrajeron de la sepultura de los padres de Silverio muestras biológicas para poder llevar a cabo la comparativa de ADN. Todos los gastos de identificación genética, exhumación de los progenitores y desplazamientos recaerán sobre la asociación soriana y las tareas se realizan de forma voluntaria por parte de Aranzadi al haber cerrado el juzgado la causa sin resolver la identificación, apelando en su auto de cierre a que “se trata de una actuación que corresponde a la vía administrativa”.

Se ha querido acelerar la entrega debido a la avanzada edad de algunos de los familiares.

Diligencias judiciales

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almazán incoó diligencias por el asesinato de 4 personas en La Riba de Escalote, tras aparecer en una prospección arqueológica llevada a cabo de manera voluntaria por la Sociedad de Ciencias Aranzadi el 24 de julio de 2019 los restos mortales de, al menos dos personas, con evidencias de muerte violenta.

La incoación de diligencias penales son consecuencia de la denuncia por Crímenes Contra la Humanidad que la citada asociación interponía el 26 de julio del mismo año en el juzgado adnamantino al descubrir una fosa que, según las investigaciones y testimonios, albergaría los cuerpos de cuatro personas desaparecidas el 16 de septiembre de 1936. En la elaboración de la denuncia participan abogados de Rights International Spain y de CEAQUA coordinados por Recuerdo y Dignidad.

Tanto la Policía Judicial como la Guardia Civil de Almazán emitieron informes relativos a su presencia durante los trabajos de prospección y la aparición de los restos óseos humanos hallados.

El viernes 9 de julio de este 2021 a las 12:00 horas se hizo entrega a la asociación soriana de los restos mortales de las cuatro personas asesinadas en La Riba de Escalote. Los cuerpos se encontraban depositados en la Sociedad de Ciencias bajo la custodia del antropólogo forense Francisco Etxeberria tal y como recoge el informe de la policía judicial redactado con motivo del levantamiento de los cuerpos.

Identificación de tres de los cuatro desaparecidos

A raíz de la identificación positiva por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de tres de los cuatro desaparecidos, el juzgado dictó una providencia acordando devolver los restos que le habían sido entregados por el Instituto de Medicina Legal a la Asociación Recuerdo y Dignidad. Dicha providencia recoge que “ al objeto de no demorar más el procedimiento y que lo referidos restos puedan tener por fin un destino digno, debo acordar la devolución de los restos a los que se refiere la presente resolución a la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad para que a través de la misma se entreguen a los familiares y se les dé el destino que corresponda”.

Con estos pasos la ASRD ha conseguido que tenga presencia en el juzgado de lo penal, no solo la exhumación de los restos mortales de las cuatro personas localizadas en dos fosas comunes clandestinas en La Riba ante la presencia de autoridades judiciales, sino que se procure su identificación dentro de un proceso judicial y que, tras su cierre, se decrete la reapertura de la causa.

Esta es la tercera ocasión en la que la Asociación Recuerdo y Dignidad logra que se incoen diligencias penales sobre desapariciones forzadas de civiles en el contexto del levantamiento militar fallido de 1936, que dio lugar a la guerra civil y a la dictadura militar del general Franco. En una cuarta causa por la desaparición y asesinato de Abundio Andaluz Garrido, vicepresidente de la Diputación Provincial de Soria se presumió en el Juzgado de la capital, desaparición forzada en un contexto de Crímenes contra la Humanidad pero, a pesar de ello, se archivó de manera definitiva.

Las investigaciones sobre el paradero de los cuatro sorianos desaparecidos comenzaron en 2018 tras recibir la ASRD la solicitud de investigación por parte de la familia de Adolfo Morales Ruiz. Tras hacerse pública la búsqueda, familiares de Silverio Lumbreras Pérez contactaban con la asociación soriana para interesarse por la recuperación de los restos mortales de su familiar. En el transcurso de las investigaciones, la ASRD contactó con un sobrino de Gregorio Valdenebro Moreno, preocupado por encontrar a su tío. Tres días antes de la exhumación la asociación memorialista soriana encontraba a los familiares del berlangués Alberto Rodrigo León. Entre ellos su hija que aun vive.

La judicialización de la recuperación de los cuerpos de los civiles hechos desaparecer dentro de la represión que conllevaba el levantamiento militar del 18 de julio es necesaria para la asociación soriana porque supone tratar a los desaparecidos como víctimas en lugar de como restos arqueológicos.

En la denuncia por crímenes contra la humanidad que la ASRD interpuso en el Juzgado de Almazán tras hallar restos óseos supuestamente pertenecientes a los cuatro desaparecidos-asesinados en La Riba, la asociación considera que existen indicios más que evidentes de la comisión de crímenes contra la humanidad. La asociación documenta en su denuncia inicial que, tal y como las máximas autoridades internacionales en la interpretación de los crímenes contra los derechos elementales han subrayado, los hechos reúnen las características de este tipo de represión.

Según se apoya documentalmente los asesinatos de La Riba de Escalote no serían hechos aislados, sino que formarían parte de un plan de exterminio premeditado. Dicho plan, que ha sido descrito historiográficamente, tendría como objetivo población civil, no combatiente, y una clara motivación ideológica. Las órdenes de asesinato tendrían un carácter marcadamente jerárquico y se produjeron bajo custodia de las autoridades cívicas y militares. Dichos crímenes se agrupaban en tres patrones de asesinato sistemáticos: extracción de prisión y asesinato, condena por consejo sumarísimo y asesinato o asesinato directo tras la detención ilegal. Los cuerpos fueron ocultados en fosas comunes clandestinas para dificultar su localización y prolongar la agonía de las familias de los desaparecidos.

A día de hoy, ninguna autoridad del estado ha dado razón del paradero de ninguna de estas personas hechas desaparecer por la fuerza. Lo que implica para Recuerdo y Dignidad que el delito que se denuncia permanece a día de hoy.

Hasta la actualidad en España se han exhumado un número cercano a las 800 fosas comunes similares a las de La Riba en Soria, en las que se repiten los patrones de detención, desaparición forzosa y enterramiento clandestino. Sólo en Soria, tal y como se ha informado al Juzgado de Almazán se tiene información sobre 609 civiles hechos desaparecer y asesinados.

A pesar de eso, en el auto emitido por el juez, considera que se trataría de un posible delito de asesinato u homicidio.

La catalogación de estos crímenes de incumbencia universal peligra después de que el Tribunal Supremo emitiera recientemente una sentencia ignorando por completo las obligaciones del Estado Español en materia de violaciones especialmente graves contra los derechos fundamentales.