El PSOE critica en las Cortes que la Junta de Castilla y León no haya hecho “nada reseñable” por las personas con discapacidad durante la pandemia

El Grupo Socialista ha criticado que la Junta de Castilla y León no haya hecho “nada reseñable o extraordinario” para atender a las personas con discapacidad durante la pandemia de coronavirus y que, por el contrario, hayan sido las entidades sociales las que han implementado medidas a lo largo de la pandemia de coronavirus.

Así lo ha expresado el procurador socialista Rubén Illera, portavoz en la Comisión de Discapacidad que se ha constituido este lunes en las Cortes de Castilla y León y en la que ha comparecido el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Pablo Rodríguez.

En este contexto, Illera ha afirmado que la mayoría de lo que el director ha expuesto lo han implementado las entidades y el Gobierno autonómico se ha dedicado a recibir el fondo de 300 millones de euros del Estado y distribuirlo entre las entidades locales, por lo que ha preguntado cuándo se van a proporcionar fondos económicos extraordinarios para afrontar la pandemia que han solicitado los representantes de las entidades sociales de discapacidad.

El procurador socialista ha incidido en que es una crisis “inesperada, terrible, devastadora”, que por ello requiere medidas extraordinarias y ha cuestionado cuándo la Junta estará al lado de las personas con discapacidad si no es en este momento.

Illera, aunque ha ofrecido la colaboración del Grupo socialista en las Cortes para mejorar, y ha criticado que además sea “misión imposible” conocer la situación de los centros de personas con discapacidad, puesto que los datos que aporta la Junta no están desagregados.

“Necesitamos conocer la realidad para responder a las necesidades”, ha afirmado el procurador socialista, quien ha pedido datos sobre centros y viviendas tuteladas de personas con discapacidad, los centros que han solicitado el auxilio o intervención de la Junta, los apoyos ofrecidos o el material de protección individual comprado y distribuido por la Junta defectuoso que ha ido a parar a los profesiones de estos centros, así como que responda acerca de si en junio se van a abrir o no los centros con las mínimas protecciones de seguridad exigibles para la atención a las personas mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, ha señalado que considera “gravísimo” que las personas con discapacidad hayan visto interrumpidas sus terapias durante tanto tiempo y ha pedido respuestas acerca de si se van a abrir durante julio y agosto los centros de educación especial para recuperar dichos tratamientos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de VOX, Jesús María García-Conde del Castillo, ha pedido que ante la nueva realidad que se avecina se tengan en cuenta determinados aspectos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad como respetar los espacios habilitados para ellos en los medios de transporte, que tengan prioridad en los comercios o que la ampliación de terrazas se haga respetando el paso para estas personas.

Asimismo, ha pedido extremar las medidas de prevención, los medios materiales y humanos y ha propuesto, para mejorar la atención, que los

grandes discapacitados sean considerados colectivo de riesgo para que a la hora del tratamiento sea adecuado a sus particularidad, que se realicen test masivos a los trabajadores de los centros y de atención a domicilio así como a las personas con discapacidad que viven en residencias o acuden para recibir atención.

Protocolo y calendario

García-Conde del Castillo ha reclamado un protocolo para desescalada en los centros de educación especial para reanudar la prestación de los servicios de apoyo e inclusión y comunicar cuanto antes la fecha de apertura para una adecuada organización.

Además, ha reclamado a la Junta que garantice la puesta a disposición de trabajadores de residencias y de atención a domicilio de los equipos de protección “a precios razonables”, pero también un fondo extraordinario para que los centros, entidades y asociaciones puedan hacer frente al gasto que supone acopio de material.

Por su parte, la procuradora de Ciudadanos María Teresa Gago, aunque ha alabado la actuación de la Junta y la comunicación que ha mantenido con las entidades del Tercer Sector, cree que se ha actuado de manera “insuficiente” y desde la Consejería se ha relegado a un “segundo plano” a la discapacidad.

Además, ha reclamado, como demandan las familias, un plan de conciliación ante el cierre de colegios para niños que son “muy dependientes, que requieren mucha atención y cuidadores muy especializados”.

También ha incidido en que el modelo, que ha dado buenos resultados y genera empleo además de cuidar de población “frágil y vulnerable”, debe potenciarse y en estos momentos el esfuerzo debe estar presidido por el gasto público.

Por su parte, la procuradora del Grupo Popular María Ángeles García ha destacado la “responsabilidad y compromiso” a la hora de trabajar durante la pandemia y ha señalado que no se ha dejado a estas personas “atrás”, sino que se han impulsado fórmulas como la teleatención ante los cierres de centros, por ejemplo.

La procuradora 'popular' cree que se han atendido adecuadamente las situaciones de necesidad y que se han reforzado aspectos como los recursos bien mediante contratos de Servicios Sociales o con medios materiales para usuarios y trabajadores.

En definitiva, considera que se han tomado “medidas diligentes, sensatas, prudentes y desde el diálogo y con transparencia”, algo que ha afirmado que es una generalidad por parte de la Junta.