Seis de cada diez ancianos de residencias fallecidos por Covid en Castilla y León murieron sin ser trasladados al hospital

Ocho de cada diez residentes de centros de mayores en Segovia que murieron entre el 14 de marzo y el 31 de octubre por causas relacionadas con la Covid-19, tanto confirmadas como con síntomas, no fueron trasladados a los hospitales de la provincia y fallecieron en las residencias. Lo mismo ocurrió con el 69% de los de Zamora y en general con el 62% de los de toda la autonomía, según reconoce la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León a través de una petición de Transparencia.

En concreto, de los 2.938 fallecidos en estos centros en la Comunidad, 1.114 fueron trasladados a los hospitales donde fallecieron y 1.824 no, según una tabla del Informe de la Dirección Técnica de Acceso a los Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

León sería, junto con Salamanca, la primera provincia de la autonomía con más residentes fallecidos en ese lapso de tiempo según este informe, con 507 muertos cada una de ellas. Seguida de Valladolid (499) y Segovia (499). Y además la cuarta en muertos recogidos en las propias residencias (274) por detrás de Valladolid (291), Salamanca (312) y Segovia (317); las que menos fueron Zamora (con 112) y Palencia (56).

En números redondos la de León también fue la que más ancianos de las residencias fueron trasladados al hospital que fallecieron (233), seguida de Valladolid (208), Salamanca (195), Burgos (144). Por contra en Segovia y Soria fueron 75 y en Zamora y Palencia 50. La Junta no ha facilitado desglose por meses de cómo han sido los fallecimientos.

Sin embargo son los porcentajes los que terminan ofreciendo un matiz más claro de la gestión en cada provincia, ya que en Segovia el 80,87% de todos los que habitaban en estos centros y se infectaron mortalmente con el SARS-CoV-2 no salieron de ellos. En Zamora fue el 69,14%, mientras que en Ávila y Ávila superaron el 64%, en Salamanca el 61,5% y en Valladolid fueron el 58,32%. Ninguna provincia tuvo más ancianos fallecidos por el coronavirus trasladados a los hospitales desde los centros de mayores, ya que León y Burgos rondaron el 54% de cadáveres en los geriátricos y Palencia, con el menor porcentaje, casi un 53%.

Por último, contrasta la política sanitaria llevada a cabo en las otras residencias que están establecidas en la comunidad autónoma, las de discapacitados, también debida a la poca letalidad que allí se ha producido. En esos ocho meses sólo se produjeron 34 muertes. De las cuales 12 lo fueron en sus propias habitaciones (el 21,76%). Es decir, en éstas ocho de cada diez pacientes que terminaron falleciendo sí se trasladaron a los hospitales de Sacyl.

La fuerte resistencia de la Junta a ofrecer los datos de las residencias

El 20 de mayo una exclusiva de elDiario.es publicaba un documento que sacaba a la luz que la Junta ordenó no trasladar ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia (o por lo menos hasta el 16 de abril), algo que el vicepresidente Francisco Igea negó rotundamente acusando de mentir a este medio. Sin embargo, nuevos documentos desvelados por elDiario.es con los demostraban que quien faltaba a la verdad era la Administración autonómica.

A partir de ahí, una serie de medios de comunicación, entre los que se encontraba iLeon.com, solicitaron por transparencia un listado residencia por residencia de los fallecidos, pero la Consejería de Familia dirigida por Isabel Blanco se negó a dar los datos de las residencias privadas. Algo que hasta el Procurador del Común, en sus funciones de Comisionado de la Transparencia, llegó a definir como una obstrucción al derecho a saber de los ciudadanos por ser una información de “especial interés público”.

Pese a todo, la consejera de Familia siguió resistiéndose a facilitar la investigación de lo ocurrido en las residencias de mayores, hasta tal punto que tanto PP como Ciudadanos, los partidos de coalición que conforman el Ejecutivo autonómico, se han negado repetidamente a crear una Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla y León, como ocurrió este 3 de diciembre, y había vetado el acceso a informes sobre estas circunstancias.