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“Si la Junta no nos pagaba el dinero del IVA, Radio Televisión Castilla y León corría el riesgo de suspender su actividad”

José Luis Ulibarri (EFE)

Laura Cornejo

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El abogado de Edigrup Producciones TV SA, la empresa propiedad del empresario José Luis Ulibarri y que tiene el 50% de Radio Televisión Castilla y León, aseguró ayer que en 2018 se corrió el riesgo de que la televisión privada financiada por la Junta de Castilla y León, “cesase en la prestación del servicio” debido a la situación económica que atravesaba y atribuyó al director general de la misma el modo en el que se cobro una subvención de la Junta. El letrado lo explicó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 12 de Valladolid, donde este lunes se dirimió en una vista si Edigrup “manejó” el calendario de pago de una subvención directa del Ejecutivo autonómico para esquivar el pago de un bonus a Vertrauen Corporate SL, un fondo de inversión al que había recomprado el 22% de las acciones de la compañía.

Este fondo demandó a Edigrup y mantiene que valiéndose de su relación directa con la Junta de Castilla y León, Edigrup consiguió que se le pagasen 27.600.000 euros comprometidos para resarcirla de los gastos ocasionados por las cantidades soportadas en concepto de IVA (23.895.000), en cinco anualidades, cuando anteriormente todas las subvenciones se habían abonado en un año. Del pago del 50% de esta cantidad en el plazo de dos años dependía que el fondo cobrase o no un bonus de 750.000 euros, ya que el precio de las acciones era mayor con el resarcimiento de la deuda. Además se reconocía otro bonus de 450.000 en el caso de que el dinero se pagase en un año.

Televisión Castilla y León había estado envuelta en un largo pleito con la Agencia Tributaria, que consideraba que todas las subvenciones directas que recibió la corporación desde su nacimiento, en 2009, no eran tales, sino una prestación de servicios que estaba sujeta al pago de IVA. Así lo entendió también la Audiencia Nacional en marzo de 2018.

El abogado de Edigrup explicó en sus conclusiones finales que se llegó a plantear recurrir esa sentencia ya que incluso contaba con un voto discrepante, pero se desechó la posibilidad. RTVCYL tenía que abonar, “sin posibilidad de negociación con la Agencia Tributaria”, una cantidad superior a los cinco millones de euros. Pero para ello necesitaba liquidez, o , como dijo el letrado, se vería obligada a suspender el servicio.

La Junta aceptó hacerse cargo del pago, a pesar de que ni había sido condenada ni estaba obligada por sentencia. Como mantiene Vertrauen Corporate, “siempre existió la expectativa de cobro de la Junta” y por ello se hizo constar en el contrato de compraventa que había dos bonus variables si esto ocurría.

Esta subvención directa se repartió en cinco anualidades: 6.500.000 euros en 2018 y 5.275.000 en 2019, 2020, 2021 y 2022. Este reparto dejó a Vertrauen sin el bonus ya que, por 172.000 euros de diferencia, no se cumplía la condición de haber cobrado el 50% de la deuda. En su defensa, el abogado de Edigrup aseguró que la persona encargada de solicitar la subvención y su pago fue el entonces director general de RTVCyL, Eduardo Álvarez Rodríguez. “Fue designado por Promecal” -la sociedad que posee el otro 50% de la tele- recordó el abogado. “Eduardo Álvarez solicitó el pago de 6,5 millones”, destacó. “Las relaciones entre Edigrup y Promecal no eran, y no son, ni fáciles, ni fluidas”, añadió. Así, según el letrado, Edigrup nunca pudo influir “porque Promecal no lo habría permitido”. Descartó además que la sociedad a la que representa tuviese la capacidad de influir en Álvarez, en el consejero de Fomento y en la comisión de seguimiento de RTVCyL, órgano en el que están representados todos los partidos políticos. “Es inimaginable”, insistió.

No mencionó varios detalles, como el hecho de que apenas un año después se anunciase la marcha de Álvarez de la televisión, o la relación que mantuvo el fundador de Edigrup, José Luis Ulibarri, con el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien en una conversación pinchada por la Policía en el marco de la Operación Enredadera, ofreció una adjudicación a dedo al empresario de los medios y la construcción.

Por su parte, Vertrauen, insistió en que la oferta para recomprar las acciones y para pagar un bonus vino de Edigrup, que se dirigió al fondo en 2017 para llegar a un acuerdo. La letrada precisó además que el fondo no es una sociedad instrumental de Banco Ceiss, quien les vendió las acciones durante un proceso de desinversión de activos a través de Price, algo que la firma confirmó en una testifical mediante videoconferencia, al igual que hizo Ceiss.

“Todos los pagos de las subvenciones de la Junta de Castilla y León que recibió RTVCyL se han hecho en un año, incluso cuando se fracciona, menos en este caso”, remarcó. “Esta parte nunca escondió su reacción cuando conoció a través de la prensa -lo adelantó elDiario.es- que se había aprobado la subvención”. Así, una vez que vieron en el portal de Transparencia que el pago era fraccionado en 5 años, con cargo en distintas partidas, decidieron reclamar el bonus. Vertrauen Corporate insistió en que no han podido saber cómo o por qué se acordó un fraccionamiento, o a qué obedecen los cambios en las partidas presupuestarias que no aparecen en el expediente. “Se tomaron decisiones por teléfono o por mail, pero no están en la documentación”.

Así, mientras el fondo mantiene que quien “instrumentalizó” y manejo el calendario de pagos fue Edigrup, y solicita el pago del bonus, la compañía solicita que se desestime la demanda y se condene a Vertrauen Corporate en costas.

Edigrup estuvo presidida hasta hace un año por José Luis Ulibarri, que atraviesa una delicada situación judicial. Está acusado en una pieza de Gürtel, e imputado en una segunda además de en Enredadera y en Púnica. En este momento, su hija Adriana es la administradora única de la compañía.

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