Castilla y León aprueba el proyecto de ley del Tercer Sector para "dotarlo de estabilidad jurídica y financiera"

La Consejera de Familia, Isabel Blanco, en una imagen de archivo.

Europa Press

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El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de ley del Tercer Sector Social en la Comunidad, con lo que se "dotarlo de seguridad jurídica y financiero".

Así lo ha explicado las consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, quien ha recordado que la nueva norma reconoce la aportación de las más de 3.300 organizaciones que prestan servicio a más de 5.000 personas y pero además reformula la regulación en torno al voluntariado desde una óptica más acorde a modalidades avanzadas como la colaboración altruista que se realiza a través de las nuevas tecnologías.

Blanco ha señalado que se trata de "reconocer" la labor del Tercer Sector, la contribución "inestimable" que realiza y potenciarla pero también mediante este texto se dota a sector de necesaria e importante cobertura jurídica, ya que será el marco legal de referencia que definirá sus características principios y obligaciones.

Además, la consejera, quien ha destacado el diálogo y consenso alcanzado en torno a la futura normativa, ha apuntado que en el texto se establecen fórmulas de participación del Tercer Sector y añade algo considerado como una "seña de identidad" de los Servicios Sociales como es trabajo en red. De la misma forma, ha agregado, se garantiza la estabilidad del sector, sobre todo "pensando en la modernización tan necesaria en la que se está trabajando", especialmente a través de la concertación social.

El texto, primera norma con rango de ley en Castilla y León que ordena el Tercer Sector Social y establece un marco jurídico común de referencia para el conjunto de entidades que lo integran, dota al sector de cobertura jurídica (define sus características, principios y obligaciones); articula espacios de interlocución con organismos públicos y otros agentes del ámbito de la intervención social, y establece fórmulas de participación concertada con la Administración, lo que garantiza la sostenibilidad y estabilidad de las entidades. Junto a esto, incluye al voluntariado como parte integrante de este Tercer Sector, en el que desarrolla su actividad.

El documento se estructura en cinco capítulos -uno preliminar y otros cuatro que suman 20 artículos-, una disposición adicional, una transitoria, otra derogatoria y seis finales.

En el capítulo preliminar se delimita qué son las entidades del Tercer Sector y se establece la creación de un censo de organizaciones, se recogen los principios que informan y deben cumplir, tanto en lo relativo a la participación social, como a la transparencia, la igualdad, la colaboración y el trabajo en red, entre sí y con las administraciones.

Trabajo coordinado

El capítulo primero regula los ámbitos de intervención de estas entidades, partiendo de la premisa de que su finalidad es promover la inclusión social y fomentar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas que sufren condiciones de vulnerabilidad, se encuentran o están en riesgo de exclusión social, o afrontan situaciones de desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia.

De este modo, se detallan sus actividades y los criterios que deben aplicar en su ejecución, con especial hincapié en el trabajo coordinado en el marco de la Red de Protección a las Familias, de los sistemas públicos de Servicios Sociales y de los Centros de Acción Social.

Uno de los aspectos más importantes de la futura ley es el que hace referencia a la concertación, que se desarrollará en un decreto posterior. Esta fórmula jurídica permite a las administraciones públicas contratar la gestión de servicios de forma flexible y estable en el tiempo, a la vez que aporta certidumbre y apoyo económico a las entidades que asumen esta función.

El capítulo segundo establece un nuevo modelo de participación activa del Tercer Sector, al que confiere la capacidad de intervenir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales públicas. La norma regula los instrumentos de diálogo y colaboración con los agentes públicos y privados y determina en qué órganos colegiados tendrán cabida estas entidades.

Proyectos de innovación

El Gobierno autonómico asume en este texto el compromiso de generar cauces para la participación y fórmulas de colaboración de las organizaciones del Tercer Sector en el desarrollo de proyectos de innovación y experimentación y en la creación de formas innovadoras en la gestión de iniciativas compartidas, especialmente en proyectos europeos que se ejecutan en el marco de la cooperación internacional.

La promoción del Tercer Sector es objeto del tercer capítulo, donde se prevé la elaboración de un Plan Estratégico de Impulso y Promoción de las entidades que lo conforman, con una vigencia de cuatro años.inio.

El capítulo cuarto regula las obligaciones de estas organizaciones, donde destacan dos aspectos. Por un lado, mandata el respeto a unas condiciones dignas de trabajo y salario de los trabajadores y voluntarios, velando por los principios de igualdad, no discriminación y conciliación de la vida laboral y familiar. Por otro, impone normas sobre transparencia y gestión.

Voluntariado

Además, el proyecto de ley modifica en sus disposiciones finales la Ley del Voluntariado de Castilla y León, vigente desde 2006, para adecuarla a la realidad social actual y a las tendencias de futuro.

Se redefine esta figura para dar cabida al emergente voluntariado de empresa e institucional y, de forma excepcional, al desarrollado por las propias administraciones.

Esta adaptación nace del compromiso de la Junta con el fomento de esta actividad que en Castilla y León desarrollan 200.000 personas en 414 entidades como herramienta de acción social, de ayuda y solidaridad, pero también como mecanismo de participación y de enriquecimiento del tejido social, que hace a cualquier sociedad más madura, más humanizada e incluso más democrática.

Más de la mitad de entidades de voluntariado se inscribe en el ámbito de la acción social y los Servicios Sociales, seguido de las entidades de fomento del voluntariado -con más de 10 por ciento- y de ocio y tiempo libre -con un 8,2-.

Por este motivo, se pretende favorecer el ejercicio de un voluntariado abierto a toda la sociedad, que haga partícipes a personas de todas las edades, donde prime la calidad de sus acciones.

Recoge las modalidades del voluntariado moderno, conocido como tecnológico o digital, que se presta a distancia aprovechando las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La norma vela por la protección del voluntario y por mejorar su situación, para lo que favorece el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante las herramientas ya reguladas de acreditación de experiencia laboral o por vías no formales de formación.

También vigila que la actividad sea segura, tanto para los destinatarios, como para sus promotores. A modo de ejemplo, si la acción del voluntario tiene lugar con niños, es requisito imprescindible certificar la inexistencia de antecedentes penales por delitos relacionados con menores.

La Junta ha recordado que el Gobierno autonómico destina casi 157,2 millones de euros al Tercer Sector, de los que el 61,3 por ciento (96,3 millones en cifras absolutas) proceden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. De igual forma, el Ejecutivo dedica 4,6 millones al voluntariado (1,1 millones Familia)

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