CCOO reprocha a la Junta de Castilla y León que aproveche la COVID-19 para “privatizar” el operativo de incendios e incumplir lo firmado

Comisiones Obreras ha criticado el “singular proceder de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, que asegura ”ha aprovechado la pandemia“ provocada por el coronavirus para ”privatizar“ el operativo de lucho contra incendios de la Comunidad y no cumplir con los acuerdos firmados.

“Una vez más, la Consejería que dirige el señor Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, ante el inicio de la campaña de riesgo alto de incendios forestales, continúa con su política de incumplimientos y privatizaciones”, ha señalado Comisiones en un comunicado recogido por Europa Press.

El sindicato ha explicado que ante un verano que se presenta con una alta densidad de combustible forestal debido a las lluvias primaverales, a las “carencias estructurales” del operativo de prevención y extinción de incendios, ahora se suman “problemas nuevos”, que considera todos ellos “creados” por la “precaria” gestión de la propia Junta.

En concreto, el sindicato ha afirmado que se incumplirá lo acordado sobre ampliación de prestaciones de las motobombas de extinción de incendios durante el año 2020, previstas en los Acuerdos del Diálogo Social comunitario para las provincias de Ávila, Salamanca, Burgos, Soria, Palencia o Segovia.

Además, ha asegurado que tampoco se van a contratar a todos los operadores de los centros provinciales de mando (CPM) o Centro Autonómico de Mando (CAM).

“Incumplimientos que se suman a las graves carencias de personal para la realización de guardias de incendios, que son totalmente insuficientes para poder minimizar los daños de los incendios con solvencia, seguridad y eficacia”, ha señalado.

Además, ha denunciado las contrataciones de técnicos para los centros provinciales y autónomico de mando (CPM y CAM, respectivamente) por la empresa Tragsa para manejo de los programas específicos de incendios forestales y apoyo a los operadores, “acciones que corresponden al personal funcionario o laboral de la Junta por el carácter estructural de esas funciones y por el manejo de datos confidenciales que realizan en el desarrollo de su trabajo”.

El sindicato ha exigido que estas personas trabajadoras sean contratadas directamente por la Junta, modificando las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de estos centros para incluir estos puestos, no sólo durante la época de riesgo alto de incendios, sino durante todo el año.

“Por ello, vamos a denunciar formalmente esta situación e intentar paralizar está privatización de un trabajo de competencia pública”, ha aseverado CCOO.

PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19

Además, considera “indefendible” que a finales de junio, ante la pandemia que “asola” y la continuidad de las medidas previstas por las autoridades sanitarias, aún no exista un protocolo preventivo de actuación para la campaña de extinción de incendios forestales.

“Requerimos la adopción de las medidas necesarias para impedir contagios en los centros de la Junta, como en las bases helitransportadas, bases de motobombas, centros de mando y todos aquellos lugares de trabajo donde se realicen funciones relacionadas con la prevención y extinción”, ha señalado.

Igualmente, considera que han de desarrollarse protocolos “eficientes” y que cumplan las normas que establecen las autoridades sanitarias para el transporte y la extinción, así como dotar de medios y EPI suficientes a los trabajadores.

Todos estos problemas se suman, ha reiterado el sindicato, a la precarización y falta de profesionalización de una gran parte del operativo.

En este sentido, ha afirmado que no están “suficientemente dotados” de medios, de formación, de organización, de infraestructuras ni de personal suficiente para atajar los incendios forestales, dado el aumento de grandes incendios y una mayor afectación al interfaz urbano forestal que se está produciendo estos últimos años.

Por ello, ha demandado “una vez más” la creación de la figura del bombero forestal, un buen dimensionamiento del operativo durante todo el año, con una mayor incidencia en la prevención, de carácter público y profesionalizado.

“Reclamamos de la Junta que cumpla sus compromisos firmados y que negocie una nueva regulación y dimensionamiento del operativo ante los retos que suponen el cambio climático, el abandono rural y las carencias en materia de personal, medios e instalaciones, para una mayor eficiencia y seguridad en la extinción de incendios”, ha concluido.