Ecologistas en Acción exige una nueva norma para frenar la muerte de aves en los tendidos eléctricos de Castilla y León

Ecologistas en Acción de Castilla y León ha registrado una solicitud formal a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León –que dirige el consejero de Vox Joaquín Antonio Pino– para que elabore una nueva normativa para frenar la “alarmante” mortalidad de avifauna en los tendidos eléctricos.

El 13,5% de las entradas en los centros de recuperación (CRAS) en los últimos cinco años se deben a los tendidos eléctricos, según los datos recopilados por Ecologistas a partir de las memorias anuales de estos centros oficiales, según ha informado el colectivo en un comunicado de prensa. En el 2021 se registraron 874 entradas, en los años 2022 y 2023 se produjo una estabilización de los ejemplares afectados (630 y 640 casos respectivamente), que repuntaron en 2024 y 2025, cuando se registraron más de mil casos (1.046 en 2024 y 1.034 en 2025).

Los ecologistas consideran que la avifauna de Castilla y León vive una situación “insostenible” y recuerdan que afecta especialmente a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el quebrantahuesos, la avutarda o el sisón.

Un compromiso pendiente

Ecologistas quiere que se corrijan los errores jurídicos que motivaron la anulación de la Orden de 2020 que delimitaba todo el territorio de Castilla y León como zona de protección –que recurrió la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes– y se elabore una nueva norma que declare toda la comunidad como Zona de Protección, un compromiso que adquirió en 2022 el Ejecutivo de Mañueco, del que no se ha vuelto a tener noticia.

La federación conservacionista pide que se corrijan los tendidos completos cuando se detecte un punto negro o una línea peligrosa, puesto que hasta ahora solo se aísla el apoyo puntual donde se localizan aves muertas. También solicitan que se establezca un plazo máximo de un mes para tramitar el requerimiento al titular una vez constatada la incidencia, y un plazo máximo de cuatro meses para que las compañías eléctricas corrijan los tendidos.

Además, Ecologistas en Acción insta a extender las medidas correctoras a los mamíferos y regular de manera preventiva los riesgos en aerogeneradores, pistas de pádel, cristaleras, canales y balsas de agua. Por último, exige requiere que se cree un registro público autonómico de mortalidad de fauna que sea accesible para investigadores y la ciudadanía y que se publique la cartografía oficial de tendidos eléctricos peligrosos y corregidos.

La Federación de Ecologistas en Acción en Castilla y León confía en que la Consejería asuma su competencia en materia de conservación del patrimonio natural y de seguridad industrial y, en coordinación con la Fiscalía de Medioambiente, y con la normativa estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dé “una respuesta firme y urgente” a una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en Castilla y León.