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Desmantelan en Palencia un entramado que vendía a migrantes altas fraudulentas en la Seguridad Social

Un agente de la Policía Nacional junto al coche policial. POLICÍA NACIONAL

EFE

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La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, asentada principalmente en Palencia, que facilitaba trámites de extranjería de forma ilícita para que ciudadanos extranjeros en situación irregular fueran dados de alta en la Seguridad Social a cambio de entre 300 y 500 euros.

La operación ha culminado con la detención de nueve personas en las provincias de Palencia (4), Asturias (2), Murcia (1), Sevilla (1) y Baleares (1).

Según ha informado la Policía Nacional, el entramado, mayoritariamente de origen latinoamericano, habría logrado gestionar en 19 provincias más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE), de las cuales al menos 371 derivaron en altas en la Seguridad Social, a pesar de que los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales para trabajar en España.

Estas personas eran dadas de alta en empresas distribuidas por todo el territorio nacional, aprovechando una extensa red de colaboradores en distintos puntos del país.

A través de canales cerrados de comunicación, la red criminal ofertaba citas a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 y 500 euros, lo que habría generado unos beneficios anuales de más de 300.000 euros.

La investigación policial se inició en agosto de 2024 cuando se detectó un aumento inusual en la asignación de citas de NIE para personas de origen latinoamericano, quienes en periodo de estancia solicitaban el correspondiente certificado para diversos trámites, como la apertura de cuentas bancarias, pudiéndose corroborar que atendían a las indicaciones dadas por la organización para no ser detectados.

Además, se han incautado 10.385 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios dispositivos informáticos y electrónicos, así como documentación que acredita la contabilidad ilícita de la red criminal.

Los responsables de la organización criminal podrían enfrentarse a una posible acumulación de penas privativas de libertad de hasta ocho años de prisión por estos hechos.

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