Al banquillo la exalcaldesa de Boecillo por autorizar que un policía ejerciera también como jefe de Obras

La que fuera alcaldesa de Boecillo (Valladolid) durante los años 2015 y 2019, María Ángeles R.B, será juzgada a partir del próximo día 13 de diciembre en la Audiencia Provincial acusada de delitos de prevaricación y malversación, al haber autorizado a un agente de la Policía Local compatibilizar el puesto con el de jefe de Obras y por la comisión de distintas irregularidades en la ejecución de distintos proyectos urbanísticos.

El juicio lo celebrará la Sección Segunda de lo Penal y se prolongará durante los días 14, 15 y 16 del presente mes, donde Fiscalía de Valladolid acude con una petición para la exregidora de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por delito continuado de malversación y otros quince de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública solicita que la encausada indemnice al Ayuntamiento de Boecillo con 11.102,32 euros y con otra cantidad a determinar por los materiales utilizados en una de las obras presuntamente ejecutadas de forma ilegal.

En la vista se analizarán hechos que se remontan al 9 de noviembre de 2016, cuando la entonces alcaldesa propuso el nombramiento temporal como encargado municipal de Obras, cargo que se hallaba vacante, de un agente de la Policía Local, y ello a pesar de que la compatibilidad de ambos cometidos no era posible.

Sin embargo, el nuevo jefe de Obras fue liberado de sus funciones como agente pero siguió cobrando por dicho trabajo aunque, de facto, desempeñaba el puesto de encargado de obras, y todo ello pese al informe contundente expreso y en contra del interventor municipal en el que, amén de advertir de la ilegalidad de abonar el salario, apuntó ya entonces la ilicitud de pagar también horas extra al agente pues ya no trabajaba como tal.

A los reparos del interventor se sumaría más tarde el propio secretario municipal, y a pesar de ello, siembre según la acusación pública, el agente de la Policía Local y, a su vez, jefe de Obras percibió horas extra por ambos cometidos, en el primer caso a pesar de que estaba liberado y no trabajaba como policía y en el segundo pese a que dicho cometido incluía disponibilidad y, por tanto, excluía la percepción de extras.

El agente aludido, R.A, en declaraciones a Europa Press, ha aclarado que si bien desempeñó el puesto de jefe de Mantenimiento, en ningún momento llegó a percibir dos salarios sino únicamente uno pero que en nómina se hacía constar que la recibía en calidad de agente de la Policía Local, así como que realizó horas extra en su nuevo cometido, el de responsable de Obras, que nunca le fueron abonadas, hasta el punto de que tiene recurrido en en vía contencioso-administrativa un total de 7.000 euros que aún le debe el Ayuntamiento de la villa.

Fiscalía imputa también a la exregidora que ante el acúmulo de irregularidades, y a fin de dar apariencia de legalidad a la situación, la alcaldesa pactó con el agente que éste solicitara al Ayuntamiento la excedencia en este puesto para el cuidado de un hijo menor de tres años y más tarde pidió igualmente con éxito compatibilizar la excedencia con trabajar como encargado de Obras, autorizaciones ambas que contaron nuevamente con el posicionamiento en contra del secretario municipal.

Se estima que el perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Boecillo por las horas extra no trabajadas como policía local y las percibidas como jefe de Obras se eleva a 11.102,32 euros.

Obras sin proyecto ni procedimiento alguno

A mayores, la acusación pública responsabiliza a la exalcaldesa de distintas obras sin respetar procedimiento ni trámite alguno en fecha no determinada pero antes de abril de 2018, como una nave municipal aneja a la fachada norte de otra ya existente que fue acometida sin proyecto de ejecución ni seguridad, ni dirección de obra, pese a ser conocedora de la ilegalidad de su actuación.

Los trabajos los realizaron empleados municipales, encabezados por el jefe de Obras, y los mismos presentaron defectos constructivos derivados de la falta de cualificación de los operarios.

De hecho, las obras fueron visitadas por el secretario municipal y éste emitió informe en abril de 2018 en el que solicitó a la alcaldesa la paralización inmediata de las mismas y su legalización, solicitud a la que luego se sumó la arquitecta municipal, aunque la regidora hizo caso omiso.

En este caso, a pesar de las deficiencias observadas en la obra y la “omisión absoluta de los procedimiento legales que hubieran sido precisos”, no se ha constatado que ello haya supuesto un perjuicio económico para el Ayuntamiento ya que la nave es utilizable para almacenamiento.

Situación distinta se produjo, a juicio de la Fiscalía vallisoletana, con la obra de reparación del Puente del Peregrino, en el que, tras contar con las autorizaciones del Servicio de Medio Ambiente de la Junta y de la Confederación Hidrográfica del Duero, los trabajos se ejecutaron sin proyecto previo, dirección de obra y estudios básicos de seguridad.

La alcaldesa, al igual que en el caso anterior, se los encargó a los empleados municipales y las obras se realizaron entre octubre de 2017 y enero de 2018 pero de forma “muy deficiente”, de modo que, según el informe del jefe del Servicio Técnico de Obras de la Diputación de Valladolid, se ha producido un gasto inútil con el consiguiente desperdicio de los materiales de obra utilizados.