Piden 6 meses de cárcel para el exalcalde de Vita, en Ávila, por no abstenerse en una votación que benefició a su familia

El Ministerio Fiscal solicita 6 meses de cárcel y 2 años de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de la localidad de Vita (Ávila), Emilio Herrero (PP), como supuesto responsable de un delito de negociaciones prohibidas, que habría cometido cuando ejercía su cargo de regidor en abril de 2014 al no abstenerse en la votación de un acuerdo municipal que le afectaba.

Los hechos juzgados se remontan al 29 de abril de 2014, cuando Herrero “tomó parte en su calidad de concejal y alcalde” de este Consistorio, emitiendo su “voto favorable al acuerdo por el cual se ordenaban obras de cerramiento y acceso de la finca de titularidad pública en el Polígono 6, Prado de Vallehondo”.

Según el ministerio público, el exregidor “debió de haberse abstenido de intervenir, en la medida en que dicho acuerdo suponía un beneficio para la finca colindante, propiedad del padre del acusado, pero explotada por este, por cuanto mejoraba el acceso y renovaba el cercano”.

En las conclusiones provisionales, el fiscal considera que el procedimiento, incoado en el año 2019, “ha sufrido retrasos significativos en la tramitación que no son imputables al acusado”.

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de “negociaciones prohibidas”, al tiempo que estima que en este caso concurre la atenuante de dilaciones indebidas. Asimismo, solicita 6 meses de prisión y una multa de 12 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y derecho de sufragio pasivo durante dos años.

Por su parte, la acusación particular solicita un año y medio de prisión y 12 de inhabilitación para cargo público por un delito de malversación y otro de “gestión interesada”, mientras que la defensa niega los hechos y pide su libre absolución, en un juicio con jurado popular previsto para el 16 de diciembre en la Audiencia Provincial de Ávila.

La acusación particular estima que el acusado es responsable de un delito de malversación, al “colocar una puerta nueva en la finca de su propiedad, cargando el coste de la misma al Ayuntamiento en beneficio propio y en perjuicio de los caudales públicos y, sin causa que lo justifique, mejoró a su favor la servidumbre de pasillo para su exclusivo beneficio personal”.

De ahí que solicite una pena de un año de cárcel y una multa de nueve meses, a razón de 10 euros diarios, es inhabilitación especial para cargo o empleo público por 7 años.

Además, le considera supuesto responsable de otro delito de gestión interesada, al haber “aprovechado su cargo para lograr un beneficio personal, ignorando el deber de abstención”.

Así, por este delito, la acusación pide una pena de seis meses de prisión y una multa de 12 meses, a razón de 10 euros diarios, además de 7 años de inhabilitación para cargo o empleo públicos, a lo que se suman otros 3.660,25 euros como indemnización al Ayuntamiento de Vita, junto a las cosas del proceso.

Por su parte, la defensa considera “inciertos” los hechos descritos por fiscalía y acusación particular, de ahí que defienda que “no ha cometido delito alguno”, ya que E.H.J. “sufrió un grave perjuicio” por el acuerdo del pleno celebrado el 29 de abril de 2014.

Considera que “se privó de acceso a una de las fincas de su familia colindantes con la municipal, pues solo se realizó una entrada, cuando se deberían realizar dos”, de ahí que pida la libre absolución de su defendido.