7.642 millones de euros para programas de Defensa, cero euros para el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Este será el balance de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobarán en mayo, a la espera de enmiendas que puedan ser incorporadas en el documento final. Oficialmente, los presupuestos ordinarios de Defensa para este 2017 suben tan sólo un 0,6% respecto a los del año pasado. Sin embargo, si sumamos la integración de los pagos pendientes de los programas de modernización de las Fuerzas Armadas, antes ocultos y los gastos camuflados en otros ministerios y departamentos, el incremento podría ser de hasta un 32%, como ya denunciaba hace unas semanas el Centre Delàs. Hay asociaciones que, después de un análisis detallado de todas las partidas, aseguran que el gasto militar total ascendería a 33.762,4 millones de euros, un presupuesto similar al que el último gobierno del PSOE destinó en el año 2011 a la lucha contra la violencia de género.
La partida destinada a combatir el machismo sufrió, con el cambio de gobierno, un recorte del 8,68% que no se ha rectificado, y los PGE no contemplan inversión alguna para desplegar la Convención de Estambul, ratificada por el gobierno español en 2014, ni para el mencionado pacto de Estado que, en teoría, debía desplegarse estos meses venideros. Hace ya más de 10 años que el Congreso español aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión para analizar qué fallaba en la sensibilización y en las medidas de protección para combatir la violencia de género, con este acuerdo político y social en el horizonte. Desde entonces, el machismo asesino no sólo no ha remitido, sino que en sus manos han muerto 802 mujeres y niñas.
Aunque las dos partidas parezcan no tener relación, el discurso que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, utiliza para legitimar ese aumento en el presupuesto militar y el silencio de todo el gobierno sobre la necesidad de combatir los feminicidios, son dos caras de una misma moneda. Responden, de forma clara, a dos paradigmas sobre la seguridad: el que coloca al Estado, sus instituciones y la defensa de sus valores -el militarismo entre ellos- en el centro, y la que concibe como prioridad la seguridad de los individuos de una comunidad. Nombraría aún un tercero: el que percibe el género, la clase y la raza o etnia como factores clave a la hora de ser objetivo de amenazas específicas o de vivir experiencias concretas.
“La seguridad de nuestras familias empieza en las calles de Mosul”, aseguraba De Cospedal el pasado 8 de marzo en una comparecencia en Almería. Defendía, también, que “la expansión de la cultura de Defensa no sólo atañe al estamento militar, sino a toda la sociedad porque hoy no existe una auténtica división entre seguridad interior y seguridad exterior”. La ministra se remite así, en primer lugar, a uno de los más viejos pilares del discurso militarista: la equiparación entre el Estado, la familia y la nación. La nación es una gran familia que debe ser defendida, sus hombres son los héroes que deben matar y morir para salvarla y sus mujeres, como reza otro manido puntal del militarismo, deben ejercer de madres supremas y abnegadas, reproducir y cuidar a los soldados -y al resto de la sociedad- y enviarlos a morir.
Para De Cospedal, la gran amenaza, no sólo física, sino para los valores de la nación, está a miles de kilómetros, la batalla por nuestra seguridad se juega en otro continente, pero toda la sociedad debe militarizarse, ser cómplice de esa “cultura de la defensa”, porque la amenaza también es interna. Resulta, sin embargo, que, en su extrema mayoría, los habitantes del Estado Español que mueren de forma violenta no lo hacen en atentados terroristas, sino en suicidios, asesinatos machistas u homófobos, accidentes laborales o crímenes cuyo trasfondo son la pobreza o el racismo. Y resulta, también, que vivimos en un continente en el que una de cada tres mujeres ha sido maltratada o agredida sexualmente.
Pero la ministra y su gobierno reducen el término 'seguridad' a quien puede sufrir como mayor amenaza un potencial atentado terrorista, excluyendo a los numerosos sujetos cuya existencia cotidiana e integridad se ven amenazadas por otros muchos peligros que, como demuestra la inexistente inversión para el Pacto de Estado y el despliegue de las directivas europeas e internacionales, ni siquiera se conciben como ataques a la seguridad nacional. A quien protege, pues, esa Estrategia de Defensa Nacional de la que hablan?
Cuando la ministra se dirige a los otros partidos “para alcanzar acuerdos por encima de ideologías”, como si la seguridad fuese un concepto unívoco y objetivo, se remite, precisamente, a una forma concreta de percibirla: la realista. La que define la seguridad en términos militares, la que maneja la guerra como principal herramienta en un conflicto, la que coloca en el centro la defensa del Estado, sus estructuras y lo que cree sus valores.
De la misma manera que el Estado no es una estructura neutral en términos de clase, raza, género y orientación sexual -Catherine Mackinnon decía que “el Estado liberal es un hombre”, ahora añadiríamos que es, además, blanco, rico, heterosexual y sano- tampoco la seguridad está desprovista de connotaciones ideológicas y de género. En los años 90, escuelas críticas como la Noruega lograron extender globalmente el concepto de “Human security” (seguridad humana) como contraposición a esa seguridad militar realista. La seguridad humana desplazaba al Estado como sujeto central a proteger y ponía el foco en las amenazas al bienestar y a la integridad de la población, atendiendo derechos como la educación, la salud, la democracia, la degradación medioambiental y la proliferación de armas. Bajo esta perspectiva, la pobreza i la injustícia devenían, también, ataques a la seguridad, y se abogaba por abordar las nuevas y viejas amenazas con recetas no militaristas.
Las personas, y no los Estados, debían ser el objeto de la seguridad. Sin embargo, su caracter universalizador mantenía en la invisibilidad experiencias y daños que tenían y tienen que ver con el género, la sexualidad o la condición de legal/ ilegal. Partía, además, de la división entre lo doméstico y lo internacional, lo público y lo privado. Eso suponía, pues, seguir seleccionando de forma exluyente qué personas eran o no sujetos de derechos y de ciudadanía y qué vidas merecían ser protegidas.
Cuando el feminismo internacional comienza a introducir el análisis de género en los estudios de seguridad, lo hace desafiando no solo la idea del Estado como sujeto a proteger, sino la misma concepción del Estado como proveedor de seguridad. Una de sus mayores contribuciones es haber ampliado este concepto a las amenazas específicas para la vida y la integridad que ocurren en el ámbito privado, llevando la violencia contra las mujeres al ámbito público y obligando a la comunidad internacional a incluirla en la agenda política. Uno de los instrumentos surgidos de esa presión fue la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW), conocida también como la 'Convención de las Mujeres', cuyo comité instó al Estado Español en 2015 a revertir los recortes al considerar que habían supuesto un claro retroceso en materia de igualdad.
El Comité llega a asegurar en el informe que “está alarmado por la prevalencia en España de la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, y por el alto porcentaje de mujeres que han muerto como resultado de la violencia de género en las relaciones de pareja”. A pesar de ello, el presupuesto estatal destinado a la lucha contra la violencia sexual sigue siendo inexistente, y solo 9 de las 17 comunidades autónomas disponen de partidas para combatirla.
Paralelamente al discurso de que Occidente necesita gastar más en seguridad para afrontar una gran amenaza, se reinstala en la sociedad un fanatismo patriarcal militante, que pone en la picota las libertades sexuales y el derecho al propio cuerpo. No es casual. El militarismo lleva asociado un programa moral muy conservador, lo que Rita Laura Segato llama “dueñidad”. La declaración de guerra tácita abarca no sólo la esfera económica, sinó también las vidas y cuerpos de quienes habitan en el Estado. Es un mensaje de dominio: 'esos cuerpos solo pueden ser vulnerados por los nuestros'.
