Las batidas ilegales con fines de reclutamiento han llegado al Congreso de la República colombiana. El congresista del Polo Democrático Alirio Uribe promovió el pasado 7 de octubre una sesión de la Comisión de control político sobre las denominadas batidas de reclutamiento. En la sesión se interpeló de forma clara y contundente al Ministro de Defensa y a la cúpula militar, presentes en la sesión, sobre las prácticas ilegales para el reclutamiento de soldados.
La denominadas batidas consisten en que militares se apostan en lugares concurridos por jóvenes de barriadas populares, nunca en barrios ricos o elegantes, y aquellos jóvenes que no pueden justificar in situ su situación militar son directamente incorporados a filas y trasladados a unidades en zonas remotas del país a cumplir el servicio militar. Poco importa que el joven no tenga la obligación de prestar el servicio por alguna de las excepciones reguladas en la ley, o que su familia dependa de su salario o que se declare objetor de conciencia, son incomunicados sin poder siquiera avisar a sus familiares hasta al cabo de unos días.
La Corte constitucional colombiana dictaminó de forma clara en 2011 la ilegalidad de las batidas militares. Asimismo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó, en los casos que examinó, que el estado colombiano había violado los artículos 9 y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos.
A pesar de ello las batidas continúan siendo una práctica sistemática de reclutamiento vulnerando tanto la sentencia de la Corte constitucional como el debido proceso de reclutamiento que ordena la propia ley 48/1993 del servicio militar obligatorio. Con las batidas el reclutamiento se torna una “pesca milagrosa” efectuada en plena calle, que convierte a los jóvenes en objetivo militar y los despoja de sus derechos, privándoles de libertad.
El congresista Alirio Uribe mostró como el ejército colombiano incurre en más vulneraciones de la ley cuando retiene ilegalmente documentos de identificación para que los jóvenes no escapen de los camiones, cuando los camiones operan con las placas de identificación camufladas, cuando en muchas ocasiones la policía nacional participa en ellas para encubrir el comportamiento ilegal de las fuerzas militares, cuando se agrede verbal y físicamente a los incorporados si se niegan a subir a los camiones tal como han relatado diversas denuncias, cuando se realizan exámenes médicos exprés de aptitud en los mismos camiones contrariando flagrantemente la ley, cuando se infringe el derecho internacional humanitario al trasladar a los jóvenes “pescados” en las batidas en autobuses civiles a remotos destinos y a zonas de conflicto armado.
Es cierto que hoy en Colombia existen casi un millón de jóvenes remisos, es decir, jóvenes que no han definido su situación militar, hecho que evidencia que los jóvenes no quieren ser parte de la guerra, pero ello no es razón para que el ejército se sitúe al margen de la ley, vulnerando el debido proceso de reclutamiento ordenado por la ley 48 de 1993, desacatando la jurisprudencia de la Corte Constitucional que prohíbe las batidas, y haciendo caso omiso, de manera sistemática, del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar reconocido por la Corte Constitucional.
A pesar de estas evidencias en la sesión de control ni el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, ni el comandante en jefe de las fuerzas armadas colombianas, ni el jefe de reclutamiento hicieron ningún pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad de las batidas. El ministro se limitó a culpabilizar a los jóvenes por no cumplir con la ley de reclutamiento, abogó por la necesidad insustituible del servicio militar obligatorio a pesar de que el Presidente del gobierno del que forma parte, Juan Manuel Santos, en la pasada campaña electoral prometió la abolición del servicio militar obligatorio si se alcanzaba la paz en las conversaciones que cursan en la Habana y termino anunciando la redacción de una nueva ley del servicio militar en el que éste seguirá siendo obligatorio.
Con esta pobre argumentación el ministro, en realidad lo que hizo fue querer justificar el no respeto a la ley y la vulneración de los derechos de los jóvenes. Poniendo así en evidencia dos cosas, la primera , que las necesidades militares de conseguir carne de cañón pasan por encima del respeto a ley y la segunda, la incapacidad del ejército colombiano para cumplir sus propias leyes.
Por ello, acto seguido el senador Alirio Uribe cursó denuncia ante la fiscalía general contra el Ministro de Defensa y el Coronel Mauricio Martínez, Jefe de Reclutamiento, por los delitos de detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, prolongación ilícita de privación de la libertad, abuso de autoridad, fraude a resolución judicial y homicidio culposo.
