Los alcaldes metropolitanos piden a la Generalitat una ley antidesahucios más ambiciosa
La nueva ley antidesahucios, una versión rebajada de la 24/2015 anulada por el Tribunal Constitucional, se encuentra actualmente en la fase final de enmiendas. El próximo lunes el Parlament de Catalunya convocará la ponencia para que a finales de diciembre la ley sea efectiva. Ante este hecho, los seis Ayuntamientos más grandes del área metropolitana de Barcelona han mantenido una reunión este miércoles con la Generalitat y le han pedido que la ley sea más “ambiciosa”.
Los Ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa y Sabadell han alabado el esfuerzo de la Generalitat, que convocó una gran cumbre hace unas semanas, y de las instituciones para alcanzar un “gran acuerdo” pero han recordado que la ley de urgencia planteada no resuelve la emergencia habitacional y que serán necesarias más políticas y recursos. “Esta ley es necesaria pero insuficiente, exigimos más recursos y que se aborde el problema de la vivienda de forma integral”, ha destacado la alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón.
Los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes del área metropolitana de Barcelona –“los municipios de alto riesgo”, ha considerado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau– han insistido en la necesidad de dotar de “más voz y herramientas” a los consistorios locales. Colau ha pedido que se aproveche la ley para “ir a máximos y no a mínimos” y ha pedido a los grupos parlamentarios que presionen hasta el último momento para ensanchar la ley.
Los Ayuntamientos han coincidido en las herramientas “interesantes” que pone en práctica la nueva ley –la expropiación de pisos vacíos, por ejemplo– pero la han considerado coja en otros aspectos. La sensación no es nueva: unos días atrás, diferentes plataformas sociales y ayuntamientos acusaron al Gobierno de haber ido demasiado lejos en la rebaja que se ha llevado a cabo para evitar que la nueva norma vuelva a ser demolida en el Constitucional. Entre los soportes más importantes que la nueva ley se ha dejado por el camino se encuentra el de la PAH, entidad impulsora de la ILP que dio lugar a la antigua ley. Desde la Plataforma son pesimistas en cuanto a los resultados que dará la nueva ley, aunque aseguran que tratarán de sacar el máximo provecho del texto cuando se apruebe.
Ada Colau ha recordado que en Barcelona los desahucios ya “no son hipotecarios sino por los alquileres”, y ha explicado que los cambios en materia de emergencia habitacional se producen “más rápido” que las nuevas leyes. “Los alquileres deben ser la prioridad: los grandes tenedores se les debe pedir el máximo y no el mínimo, los grandes tenedores deben verse obligados al realojo de las familias vulnerables”, ha sostenido la alcaldesa de Barcelona.
Tanto la PAH como el Ayuntamiento de Barcelona pidieron hace unos días dotarse de instrumentos para hacer frente de manera audaz a la burbuja del alquiler. El consistorio y la Plataforma han visto como las familias en riesgo de desahucio por impagos de alquiler han superado a las hipotecadas. Por ello, proponen que la ley entre a regular el precio del arrendamiento de vivienda habitual.
Por este motivo, antes de terminar la comparecencia, Colau ha ejemplificado la urgencia de incluir medidas en relación al alquiler en la nueva ley. Lo ha hecho con datos: “La semana pasada –en cinco días– hubo 102 desahucios en la ciudad”, ha dicho Colau. “De los 102, el 70% era por impago de alquiler y todos de familias vulnerables. Si los hemos evitado es por un sobre esfuerzo municipal”, ha espetado Colau a la Generalitat.
