Barcelona propone multar con hasta 420.000 euros al dueño de una finca de 14 pisos turísticos ilegales

Segundo expediente sancionador en pocos meses en Barcelona contra un multipropietario de pisos turísticos ilegales. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para sancionar con hasta 420.000 euros al titular de una finca en el céntrico distrito de Ciutat Vella que alquilaba prácticamente todas sus viviendas, un total de 14, como alojamientos de uso temporal sin tener licencia para ello. La actuación municipal ha trascendido pocas semanas después de conocerse otra propuesta de multa contra una trama que gestionaba con el mismo fin unos 70 pisos.

El Ayuntamiento considera en el expediente que se trata de un incumplidor reincidente y califica la acción de “muy grave”. La propiedad del edificio, situado en el número 24 de la calle Ample, es una comunidad de bienes familiar que alquilaba a través de Booking y Airbnb hasta 14 alojamientos de finca, todos excepto uno, donde vivía una inquilina de renta antigua que era la encargada de gestionar la recogida de llaves y entradas y salidas de los huéspedes.

El concejal del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha destacado que el proceso de investigación por parte de la Guardia Urbana y los servicios de inspección ha sido “largo” y ha hecho valer la actuación por proponer una multa “ejemplar”. “Perjudicaba gravemente al resto de vecinos de la zona”, ha indicado Batlle, que ha hecho referencia a la “expulsión” vecinal que implican este tipo de actividades. “Esperamos que no se repita y sirva como un aviso”, ha remachado.

De acuerdo con Batlle, la propiedad ya había tenido expedientes abiertos, pero seguía con la misma actividad. El concejal espera que el trámite de la sanción de casi medio millón de euros sirva para advertir “a quien tenga tentación de hacer algo similar” de que el Ayuntamiento será “implacable”.

Actividad ilegal disfrazada de alquiler tradicional

Según el consistorio, la propiedad ha disfrazado de alquiler tradicional durante años una clara actividad turística sin autorización. Desde el año 2018, los inspectores municipales iban abriendo expedientes y al mismo tiempo pidiendo las desactivaciones de los anuncios en las dos plataformas. Durante este tiempo, se pudo constatar, en la línea de la actuación contra los infractores profesionalizados, que se iban desactivando y activando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, a fin de evitar la actuación inspectora de la administración.

En este período el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que siempre y en todos los casos le engañaban y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas.

El pasado mes de abril, a raíz de una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guardia Urbana y el distrito de Ciutat Vella, se constató que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y azotea, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin licencia de alojamiento turístico.

Tras meses de seguimiento y acumulación de pruebas, la Dirección de Servicios de Inspección, el distrito de Ciutat Vella y la Guardia Urbana han iniciado un procedimiento sancionador contra la propiedad del edificio para alquilar sin autorización las viviendas a turistas. La propuesta de sanción de 420.000 euros es una cuantía a la que se llega con el estimado cálculo del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la ley de Turisme de Catalunya.

El Ayuntamiento señala que la actividad de la propiedad estaba “organizada para sortear la administración y utilizar de forma fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias que se desprenden del uso turístico y comerciante con el único piso de renta antigua, incorporando su arrendataria a la gestión turística del inmueble”.

Además, el consistorio enviará próximamente a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, a fin de que la propiedad responda también en su caso ante la hacienda pública.

Según el Ayuntamiento, el alquiler turístico ilegal masivo se redujo de miles de pisos en los años 2016 y 2017 a poco más de un centenar mensual en la actualidad. Ante esta nueva situación, los servicios de inspección mantienen la persecución de la ilegalidad general, pero al mismo tiempo disponen de una radiografía precisa de la actividad ilegal profesional y pueden diseñar como en este caso una actuación más personalizada de seguimiento y actuación sancionadora de forma más contundente y eficaz.