El desahucio de 'Claudia y los siete', una familia numerosa con cuatro menores: "Nos echarán a la calle sin alternativa"

Claudia, con dos de sus hijos adolescentes y una activista, en el intento de desalojo de noviembre de 2020

Se llama Claudia Migueles, pero todo el mundo la conoce en el barrio como ‘Claudia y los siete’. Cuando llegó a su actual piso, en el barrio del Poble-sec de Barcelona, del que ahora la quieren desalojar, lo hizo con sus siete hijos. Han pasado más de dos años desde entonces y ahora el núcleo familiar ha cambiado, pero sigue siendo numeroso y vulnerable: están esta mujer, de 50 años, tres hijos menores de edad (16, 15 y 13), dos ya mayores de edad (24 y 18) y un nieto, de un año, hijo de esta última. "Nos quieren echar a la calle y no tenemos alternativa, ni familia a la que acudir, ni nada", lamenta Claudia. 

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A partir de este lunes y durante los próximos 15 días, Claudia y su familia tienen una orden de desalojo con fecha abierta. Y pudieron paralizar un lanzamiento gracias a la movilización vecinal en noviembre, pero esta vez la jueza no ha puesto una fecha concreta. La abogada de oficio ha reclamado a la propiedad que paralice el proceso de acuerdo con lo que prevé el decreto ley 37/2020, la conocida como moratoria de los desahucios aprobada por el Gobierno, pero por ahora no ha habido respuesta favorable. Tampoco la propiedad, que es persona física pero gran tenedora –con más de diez pisos–, ha dado señales de vida ante la carta que le envió esta semana el Ayuntamiento de Barcelona, que se ofrecía a cubrir los gastos del alquiler temporalmente.

En el primer día en que podía aparecer la comitiva judicial, el Sindicat de Barri del Poble-sec ha organizado un acto con más de veinte entidades para mostrar su apoyo a Claudia y exigir a las Administraciones que hagan todo lo posible para evitar que la mujer y sus hijos pierdan el piso en el que vive. "Cualquier persona vulnerable, y ella lo ha acreditado numerosas veces, puede pedir la suspensión de un proceso de desalojo si demuestra que no tiene alternativa. Pedimos a la jueza que recapacite", clamaba Silvia, portavoz de la entidad, en referencia tanto al decreto del Gobierno como al último aprobado por la Generalitat en 2020, que obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de continuar con el proceso judicial. 

La de Claudia y familia es una rocambolesca historia de precariedad en el acceso a la vivienda. Esta mujer chilena, de 50 años, que sustentaba a su familia con su único sueldo de la hostelería –un empleo que hoy ha perdido–, encontró piso en el Poble-sec gracias al boca oreja. Antes compartían piso con otra familia, pero la situación no podía alargarse, así que dieron con una persona que les alquiló en negro su vivienda. "Estuvimos siete meses pagándole en mano, desde marzo hasta noviembre de 2018. Entonces, un día nos llegó una carta del juzgado con una orden de desaojo por impago", relata Claudia, que asegura que fue víctima de una estafa por parte de su contacto. 

El proceso de desalojo se activó entonces y, a pesar de que desde los inicios Claudia reclamó a la propiedad que regularizase su situación, no quisieron hacerle un contrato de alquiler. "En ese momento podía pagar. Al que me alquiló el piso le pagaba 650 euros y podía seguir haciéndolo. Pero ahora ya no, me quedé sin trabajo por culpa de la pandemia", explica esta mujer. En una decisión de última hora, el Ayuntamiento envió una carta al propietario con una propuesta en la que se comprometían a garantizar el pago del alquiler de la familia, a la espera de que se les adjudique un piso de emergencia municipal.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Martín, envió también una misiva a la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, para reclamarle que interceda para suspender el desalojo. La edil quiso rebatirle en la carta los argumentos que había dado la magistrada del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona, responsable del proceso, que alegó que sí había habido una alternativa habitacional para la familia y que la propietaria era una persona física. Martín argumenta que, "sobre el tipo de propiedad, no hay ninguna duda de que se trata de un gran tenedor". Y añade que los informes de los Servicios Sociales constatan que la familia no tiene alternativas, que como mucho las están buscando, y que si se ejecuta el desalojo solo tendrán acceso a una pensión.

"Nuestra preocupación hace referencia al hecho de que, pese a tratarse de un caso que cumple los requisitos para acogerse a la moratoria estatal definida en el decreto 37/2020, a día de hoy el desalojo no se ha suspendido", alega la edil. Aunque el caso de Claudia es técnicamente el de una ocupación sin título habilitante –puesto que nunca tuvo un contrato–, el consistorio y las entidades insisten en que la ampliación del decreto, aprobada en enero de 2021, contempla su casuística. 

Mientras tanto, Claudia se queja de que la única alternativa que se ofrece a una familia numerosa como la suya sea la de un albergue por unos días. "Esta situación no es digna. Yo no tengo papeles, pero mis hijos son españoles y tienen derecho a una vivienda digna", reivindicaba este lunes la mujer. Todos los hijos que viven actualmente con ella, de 24, 18 –la que es madre–, 16, 15 y 13 nacieron en Barcelona. Lo mismo que el bebé de su hija, aunque estas dos se han ido temporalmente a casa de una amiga para no tener que dormir con la angustia de que por la mañana se presente la comitiva judicial. 

En cuanto a la opción de entrar en un piso social del Ayuntamiento, la Mesa de Emergencia, la afectada explicaba que se está tramitando la solicitud de acceso para que puedan entrar en la lista. Luego vendría un tiempo de espera que podría durar meses.

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Publicado el
15 de marzo de 2021 - 22:51 h

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