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CATALUNYA

La justicia desmonta el delito de odio aplicado a profesores catalanes tras el 1-O

La Audiencia de Lleida considera que los hechos denunciados por familias de la Seu d'Urgell, aunque se demostraran ciertos, no constituyen delito de odio

En el otro caso judicializado, en Sant Andreu de la Barca, han sido exculpados cinco de los nueve acusados de humillar a hijos de guardias civiles

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Docentes de la concertada se sienten discriminados en evaluación de Primaria

La justicia desmonta el delito de odio aplicado a los profesores catalanes tras el 1-O EFE

Pueden ser expresiones "inadecuadas", "fuera de lugar" o "imprudentes", pero no se trata de incitación al odio. Con esta conclusión, recogida en el auto que archiva la causa contra los profesores investigados de la Seu d'Urgell, la Audiencia Provincial de Lleida desmonta el relato de las familias que, en vez de quejarse al centro o a la inspección por comportamientos docentes que les disgustan, han optado por recurrir a los tribunales. De los dos casos judicializados vinculados al tratamiento del 1-O en centros educativos,  uno ha quedado sobreseído este miércoles y en el otro, el de Sant Andreu de la Barca, se mantienen a cuatro docentes investigados de los nueve que denunció la Fiscalía.

La Audiencia de Lleida deja constancia de que no se han podido probar los hechos denunciados, que afectaban a ocho docentes de tres centros de la Seu d'Urgell, pero añade que incluso si se hubieran demostrado ciertos, esto no constituiría un delito de odio. Para ello, la resolución estima que debería haber una incitación directa a la violencia, cosa que descartan, y resuelve además que no debe recurrirse a la norma penal por conductas que se pueden considerar "extralimitaciones" en el "derecho a la libertad de expresión". 

Buena parte de las acusaciones son parecidas en la Seu d'Urgell y Sant Andreu de la Barca. En ambos colegios se acusó a los profesores de incitar con sus comentarios a que se humillara y se intimidara a hijos de agentes de la Guardia Civil.

Ahora faltará ver si el carpetazo de la Audiencia de Lleida acaba siendo un preludio de lo que se debe dirimir en dos juzgados de Martorell, que instruyen las dos causas separadas del instituto El Palau. En ese caso los padres, también en los días posteriores al 1-O, acusaron a los docentes de pronunciar frases como "los guardia civiles son unos animales, solo saben dar palos"; "parecen perros rabioso"; o "¿estarás contento con lo que hizo ayer tu padre?". Los acusados lo niegan. 

Con todo, la resolución emitida este miércoles también rechaza la aplicación del delito de odio en episodios como el envío de un comunicado en el que se informaba sobre la huelga 'de país' del 3 de octubre –algo que sucedió en buena parte de los colegios catalanes– o las posibles peleas entre los alumnos a propósito de lo ocurrido el 1-O. "Que en los centros investigados se hayan podido producir por parte de algunos niños comentarios desafortunados o incluso algún incidente aislado, es algo que no puede considerarse extraordinario en el ámbito escolar y nada tiene que ver con una promoción directa al odio", exponen los magistrados. 

Además, ni el informe pericial aportado por la Guardia Civil ni el de la Inspección Educativa permiten concluir que haya un clima de crispación en las aulas generado por los docentes. Al contrario, se constata, remarcan los togados, que los alumnos acuden "contentos" a clase y recuerda además que otros guardias civiles que llevan a sus hijos al colegio manifestaron que no había problemas.

La vía administrativa, con poco recorrido

Que no sea delito de odio no significa que un profesor no deba asumir consecuencias si se demuestra que ha perjudicado a sus alumnos bien sea por menospreciar su identidad o por tratar de inculcarles una ideología concreta. Aunque no existe para los docentes una falta que se ajuste a ese comportamiento, fuentes de la Inspección Educativa indican que el régimen disciplinario de los funcionarios considera infracciones incurrir en discriminaciones, abusar de la autoridad –más aun cuando son menores– o faltar a la consideración de los administrados. 

La vía prevista en estos casos es presentar una queja al centro, cuya dirección luego lo eleva a Inspección Educativa y, tras elaborar esta un informe, se resuelve en el seno del Departamento de Enseñanza. Este curso, sin embargo, muchas familias han recurrido al Ministerio de Educación para quejarse de supuestos casos de adoctrinamiento y mala praxis docente en sus colegios, alegando desconfianza en la Administración catalana. Estas denuncias alcanzarían hasta 134 centros y a casi 500 profesores, según cifras facilitadas por el Gobierno, pero tampoco este recorrido está dando muchos frutos a las familias denunciantes. 

Tal como adelantó eldiario.es, no se ha abierto expediente sancionador en ninguna de las múltiples quejas registradas entre septiembre y diciembre de 2017. Y esto teniendo en cuenta que la Inspección Educativa catalana dependía de una Generalitat intervenida por aplicación del artículo 155. 

La campaña política, en entredicho

El auto de la Audiencia de Lleida supone un revés además para la estrategia de PP y Ciudadanos en Catalunya, puesto que han hecho bandera del presunto adoctrinamiento en las aulas. El más beligerante ha sido Albert Rivera, que incluso planteó, sin éxito, una moción en el Congreso de los Diputados para denunciar la falta de neutralidad de los profesores catalanes. El líder de Ciudadanos también ha defendido la necesidad de crear una agencia independiente para garantizar la neutralidad ideológica y política del profesorado.

Pero la intervención más polémica que ha protagonizado el presidente de Ciudadanos fue  un tuit con un mensaje dedicado a los nueve profesores del instituto de Sant Andreu de la Barca investigados por comentarios a alumnos hijos de guardias civiles tras las cargas policiales contra el referéndum del 1 de octubre. Rivera aprovechó una información de 'El Mundo' en la que aparecían los nombres y rostros de estos docentes para acusar al Gobierno de Rajoy de ser demasiado "cobarde con el nacionalismo" porque no había abierto un expediente contra estos profesores.

A diferencia de Ciudadanos, el PSC ha evitado cuestionar el papel de lo docentes catalanes, no se ha movido de su defensa del modelo educativo actual y ha subrayado la necesidad de dejar la escuela fuera de la pugna partidista. "Somos firmes defensores de preservar la escuela del conflicto político y rechazamos cualquier tipo de instrumentalización política de la educación", se señala desde la secretaría de Educación de los socialistas.

También los comuns se han situado del lado de los que consideran que no puede situarse a la escuela catalana en el epicentro del conflicto, sea por el modelo de inmersión lingüística o por el debate creado tras el 1-O.

El nuevo conseller de Enseñanza, Josep Bargalló (ERC), que ya ocupó este cargo en el tripartito de Pasqual Maragall, así como los sindicatos del sector, insisten en la necesidad de evitar que los tribunales resuelvan los problemas en las aulas. Este auto de la Audiencia de Lleida puede ayudar a que sea más fácil.

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