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Los colegios públicos de barrios ricos de Barcelona captan el doble de dinero de las familias para material y excursiones

Los colegios públicos de barrios ricos en Barcelona cuestan el triple a las familias que los de barrios pobres

Pau Rodríguez / Victòria Oliveres

La escuela pública es gratuita… pero no del todo. En la práctica, la mayoría de centros acaba cobrando a las familias algún tipo de cuota anual, que en teoría ha de ser voluntaria, en concepto de material, libros de texto, excursiones o equipamientos. Tan extendida y aceptada está esta práctica que, en Barcelona, los colegios públicos de barrios más ricos recaudan el doble y hasta el triple de dinero de sus familias que los de barrios de clase baja. Esto, según alertan expertos y las federaciones de AMPA, genera desigualdades en materia de aprendizaje dentro de la red de escuelas públicas.

Sin contar lo que cuesta el AMPA o el comedor, en la zona escolar de Sarrià-Les Tres Torres, las familias acaban pagando en la escuela pública de media 344 euros al año, mientras que en zonas como el Besòs o Ciutat Vella, abonan 125 y 123 euros anuales. En otras zonas escolares con población de renta baja, como Torre Baró-Vallbona-Ciutat Meridiana, La Guineueta-Canyelles-Roquetes-Verdum o El Carmel-Teixonera, los pagos de las familias se sitúan entre los 150 y los 160 euros anuales. En cambio, en los de rentas altas como Font d'en Fargues o Vallvidrera-Tibidabo, los colegios públicos recaudan 263 y 282 eurosa anuales por alumno, respectivamente.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del estudio Equivalencia territorial en la planificación educativa: diagnóstico y propuestas, un trabajo que el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) ha encargado a un equipo de la UAB para analizar las desigualdades y la segregación en la ciudad y poder así atajarla.

¿Qué implica que un colegio público tenga el doble de dinero de sus familias para gastar durante el curso? “Estas diferencias tienen un efecto sobre lo que se llaman oportunidades de aprendizaje”, sostiene Xavier Bonal, sociólogo de la UAB y autor del informe. Se refiere, por ejemplo, al tipo de excursiones que pueden hacer los centros. “Algunos son hiperactivos y hacen salidas constantes de carácter cultural, mientras que otros no pueden tanto”, expone. El material escolar y las actividades que puede costearse un colegio público que recibe de sus padres y madres unos 300 euros al año no son las mismas que los de un centro que recauda la mitad.

Reformar el patio para introducir elementos de juego, pintar las aulas, comprar instrumentos de música o material informático -que pronto queda desfasado- son algunos de los gastos que se pueden acometer con este dinero. Y que añaden calidad a la educación. “Esto genera una doble red dentro de la pública”, lamenta la presidenta de la principal federación de AMPA de Catalunya (FaPaC), Belén Tascón. También pide a la Administración que sea más clara a la hora de recordar a centros y familias que estas aportaciones son voluntarias, para que no supongan un freno para alumnos de hogares desfavorecidos para acceder a determinadas públicas.

Desde el Consorcio de Educación aseguran que todas las actividades que constan en el plan de estudios las asume siempre el centro. Y que las aportaciones económicas son siempre voluntarias. Para el caso de las reformas, por ejemplo, han desarrollado recientemente un plan para ordenar las obras y que estas no dependan de la capacidad de persuasión que puedan ejercer los centros sobre sus familias.

El Consorcio solicitado información sobre estos pagos a todos sus centros de Primaria para recabar unos datos que hasta ahora eran prácticamente desconocidos y sobre los que no hay apenas regulación, a excepción del coste del comedor. Así pues, los colegios pasan a las familias algunos gastos de material fungible, excursiones y libros. Y desde las AMPA, que también cobran cuota, se prestan otros servicios, como formación de familias, organización de actividades (desde la castañada a la Navidad) o campañas solidarias. A veces, son las propias AMPA las que aportan dinero también para reformas y material escolar.

La propia cuota de las AMPA presenta también diferencias en función de la zona en la que se ubica el colegio. En barrios de rentas bajas, lo que las familias aportan a la asociación se sitúa alrededor de los 20 euros anuales de media. En los barrios más ricos puede alcanzar los 50 euros (como sucede en Sarrià-Les Tres Torres o la Vila Olímpica) e incluso los 70 en el Baix Guinardó (aunque este último no está entre los más acomodados).

Para tener una fotografía completa del dinero que las familias destinan a los colegios en Barcelona faltan, además de la pública, la concertada. Pero el Consorci todavía no dispone de toda la información de estos centros. Sólo el 40% ha aportado estos datos, con lo que la muestra no es suficiente para analizar sus cuotas. Cabe recordar que sobre la concertada está ahora parte del foco del Pacto contra la Segregación Escolar firmado en el plano autonómico, que prevé eliminar todas las cuotas obligatorias que cobran estos centros –a menudo a través de donaciones a fundaciones– a cambio de revisar su financiación al alza si escolarizan a más alumnado vulnerable.

Las medidas del plan de choque

El propio informe elaborado por Bonal ofrece datos sobre la segregación escolar en la ciudad, sobre las diferencias entre barrios en cuanto a planificación de plazas y sobre la movilidad de escolares entre zonas. Todo ello ha de servir al Consorcio para no errar el tiro en su plan de choque contra la segregación, que prevé una reserva de plazas en todos los centros acorde con el nivel de alumnado vulnerable de su zona, la distribución equilibrada de los que llegan a lo largo del curso o el aumento de la oferta de plazas públicas (en una de las ciudades con más concertada de España).

Algunas de las medidas del plan de choque que tiene previsto impulsar el Consorio ya están previstas en la actualidad y de cara al curso 2019-2020. Una de ellas tiene que ver con la preasignación de plazas de P3 y 1º de ESO los más de 1.600 alumnos en situación de vulnerabilidad que empiezan estas etapas educativas. Es decir, que tendrán preferencia a la hora de formalizar la matrícula.

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