De un campo de golf en Murcia a terrenos en Polonia: las operaciones ruinosas de CatalunyaCaixa
La gestión de Catalunya Caixa del exministro socialista Narcís Serra ha llegado a la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Serra y otros catorce exdirectivos de la caja podrían haber cometido un delito de administración desleal por autorizar entre los años 2000 y 2007 veintiocho operaciones inmobiliarias que terminaron suponiendo un agujero de 720 millones.
Las operaciones son un reflejo de la burbuja inmobiliaria. Según la Fiscalía, la filial inmobiliaria de la entidad, Procam, adquirió o participó en sociedades que compraron terrenos para hacer promociones inmobiliarias sin la certeza de poder construir. Las compras tienen en común, según la Fiscalía, que se cerraron sin conseguir trámites urbanísticos “ineludibles” y de “resolución incierta”, por ejemplo un cambio de uso del suelo que autorizara su urbanización.
La caja expandió operaciones fuera de su espacio natural de negocio, Catalunya. Lo hizo en otras comunidades como Murcia, Madrid, Cantabria, Andalucía, el País Valenciano o las Islas Baleares, pero también al extranjero, en Portugal y Polonia. En este último país una sociedad que Procam controlaba al 50% compró tres terrenos en 2006 en Varsovia por 51,31 millones, pero sin la garantía de que fuesen fincas urbanizables. Según la Fiscalía, Catalunya Caixa no compró “un cuerpo cierto y determinado” sino “una expectativa urbanística de edificabilidad”. La escritura de venta, remarca la Fiscalía, ni menciona que el objetivo de la operación fuera una promoción inmobiliaria.
Además, la operación se cerró sin contar con un planeamiento urbanístico. “Sólo tenían expectativas”, remarca el ministerio público. En los terrenos no se ha construido nada. Otro terreno de Cracovia también se compró sin que se hubiera desarrollado el planteamiento urbanístico. Cuando estuvo listo, el techo edificable terminó aumentando en 250.000 metros cuadrados más de los previstos, lo que hizo subir el precio casi 64 millones. Pero tampoco se ha levantado vivienda alguna “dada la situación económica del mercado inmobiliario y de las restricciones de la propia entidad”.
La falta de trámites urbanísticos de Polonia se repite en las operaciones investigadas en España de Procam, la inmboliaria participada por Catalunya Caixa. En la mayoría de los contratos de compra de los terrenos, según la Fiscalía, no se establecían cláusulas vinculadas a que se terminaran levantando las promociones inmobiliarias contempladas.
Operaciones basadas en “la confianza”
Tampoco se habrían practicado tasaciones por expertos independientes de los terrenos ni los estudios sobre restos arqueológicos o de fauna protegida en algunos de ellos. De hecho, según el ministerio público, la base sobre la que se ejecutaban era la “confianza” en los socios de la entidad que coparticipaban en las operaciones.
Este último caso se dio, según la Fiscalía, cuando la inmobiliaria Millenium Procam compró 117 hectáreas de suelo en Lorca (Murcia) por 19 millones. Una de las fincas contaba con una protección arqueológica que obligaba a realizar sondeos, pero la sociedad abonó todo el precio sin pedir ninguna garantía o aval alguno al respecto.
Otro ejemplo de mala gestión que detalla el ministerio público en su denuncia es la adquisición de terrenos en Fuente Álamo (Murcia) por 2.350 millones de pesetas en el año 2000. El objetivo era construir un complejo turístico de residencia y ocio que se estructura al entorno de un campo de golf y donde se querían levantar 1.500 viviendas. Sin embargo, los terrenos formaban parte de un sector de suelo no urbanizable. A día de hoy, añade la Fiscalía, todavía se está tramitando el proyecto de urbanización.
Otra irregularidad detectada en casi la mitad de los proyectos es la existencia de posibles conflictos de interés, pues los terrenos que se adquirieron ya eran propiedad del socio copartícipe de Procam en la operación o de sociedades o personas vinculadas a él. Además, en un proyecto en Cantabria, la inmobiliaria adquirió por 16,4 millones unos terrenos antes de que lo aprobara formalmente la comisión ejecutiva de Catalunya Caixa. Y en media docena de operaciones fue la comisión la que aprobó la compra cuando el volumen de la misma obligaba a hacerlo al consejo de administración.
Y en el caso de una operación en Chiclana (Cádiz) por 140 millones de euros en 2006, el objetivo de levantar cerca de 700 viviendas unifamiliares se frustró porque se ignoró la existencia de una planta protegida en la zona. La Fiscalía señala asimismo que el perjuicio para Catalunya Caixa aumentó por el “error” que supuso intentar deshacerse de algunos proyectos con el estallido de la burbuja, entre 2008 y 2013.
Según el Tribunal de Cuentas, rescatar a Catalunya Caixa costó 12.676 millones de dinero público, casi 300 más que Bankia. Además, mientras acometía su reestructuración, los dirigentes de la entidad aprobaron varias remuneraciones irregulares, lo que ha derivado en otra causa judicial. La investigación de los sobresueldos está más avanzada que la de las operaciones inmobiliarias, y las acusaciones piden cuatro años de prisión para Serra. Sólo falta que la Audiencia de Barcelona fije fecha de juicio.
