El pasado 24 de enero, Eduard Aguayo, trabajador del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), recibió una carta anunciándole su despido por falta muy grave. El sindicato CGT cree que se trata de una medida “arbitraria, injusta y desmesurada” y considera que el despido fue provocado por la actitud crítica de este empleado, que participó a la creación de la sección sindical de la CGT y que se encontraba en proceso judicial con la empresa. El sindicato CCOO también dio su apoyo a este trabajador.
Para justificar su decisión, la dirección argumentó que Aguayo – que tiene una actividad de abogado paralelamente a su trabajo en el SEM – utilizó su día de reducción horaria (por guardia de menores) para atender a un cliente. El director de Recursos Humanos le anunció la apertura de un expediente por la “transgresión de la buena fe contractual”, que acabó finalmente en su despido.
El cese de Aguayo se produjo sólo cinco días antes de la celebración de un juicio provocado por la demanda del trabajador contra el SEM por un supuesto contrato de trabajo fraudulento. Aguayo tenía un contrato de interinidad, destinado a ocupar las plazas todavía no suplidas por la convocatoria pública anual, como es prática habitual en la Administración pública. Sin embargo, la CGT argumenta que el SEM es una empresa (de capital 100% público) y que por tanto sólo debería ofrecer contratos temporales o indefinidos. Según el sindicato, la existencia de los interinos se debe a una práctica histórica del SEM pero no deja de ser ilegal. Actualmente, 250 trabajadores del SEM se encuentran en la misma situación que Aguayo, al haber sido contratados como interinos antes del 2007. Por su parte, el SEM se limita a decir que los contratos se adecuan a la legislación actual.
El juicio, que debía celebrarse el pasado jueves, se suspendió por mutuo acuerdo de las dos partes y fue pospuesto a mayo del 2015. Por su parte, la sección sindical de la CGT también prevé demandar al SEM por las mismas razones y así conseguir transformar los contratos de interinidad – que otorgan menos derechos a los trabajadores – en contratos de duración indefinida.
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