Un nuevo boquete en el tejado financiero de la Generalitat amenaza con llevar a la Administración catalana ante los tribunales. Allí se verá las caras con una veintena de ONG locales el gobierno catalán si, en los próximos meses, no encuentra la fórmula para saldar los siete millones de euros que les adeuda, según han denunciando hoy las entidades afectadas.
Es sólo una parte del agujero. La cifra corresponde únicamente a los impagos de 2011 por los convenios plurianuales firmados en 2010. La deuda de 2012 permanece aún pendiente del recuento final. Pero la Federación de ONG catalanas estima que la cifra será igual o superior a la del año anterior, lo que elevaría el montante total a unos 16 millones de euros.
Estranguladas por los impagos de la Generalitat y por los drásticos recortes de presupuesto de las Agencias Catalana y Española de Cooperación, este grupo de ONG catalanas por la promoción de la paz, la defensa de los derechos humanos y de cooperación al desarrollo se han visto obligadas a reducir o ralentizar en algunos casos y a anular, en otros, los diferentes proyectos solidarios que llevan a cabo tanto en Catalunya como, principalmente, en los países del sur.
Así las cosas, esta veintena de ONG catalanas ha decidido apelar a la justicia en aras de su propia supervivencia.Y unidas, han recopilado las más de 40 reclamaciones de pago que exigen a la Generalitat y las han presentado, no sin oposición, en el Registro de la Agencia Catalana de Cooperación este mediodía.
Pese al “fuerte despliegue policial” que las aguardaba en la sede de la entidad, según aseguran fuentes de la Federación, las entidades han podido dejar constancia de su reclamación administrativa, paso imprescindible para que el asunto llegue a los tribunales en un plazo mínimo de tres meses. Ése es el tiempo que ahora tiene la Administración para estudiar la reclamación y decidir si la estima o no. La desestimación total o parcial abocaría a los juzgados.
En Catalunya, no existen precedentes de un caso semejante, entre Generalitat y ONG. Sí, en el estado, donde el contencioso administrativo resolvió, hace unas semanas, en favor de un grupo de entidades de Calatayud que había denunciado a la Administración por los impagos de 2010.
La Federación confía en no tener que llegar tan lejos. Pero, hasta ahora, todas las conversaciones han sido infructuosas. La Generalitat se ha negado reiteradamente a establecer un calendario de pagos, tal y como le reclamaban las ONG. Tampoco ha respondido a la propuesta de modificación de convenios planteada el pasado diciembre por estas entidades, que ya habían protagonizado un encierro en junio en la sede de la Agencia Catalana de Cooperación. Este organismo, dependiente de Presidencia, ha visto reducido su presupuesto en un 90% en los dos últimos años: si en 2010 manejaba 45 millones de euros, ahora se apaña con 9,5 para cubrir todas las políticas públicas de cooperación.
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