El exjefe del Diplocat alega que los gastos del procés fueron “públicos y transparentes”

Albert Royo no tomó ninguna decisión trascendental sobre el procés, pero corre el peligro de tener que pagar en buena medida su factura. El que fuera secretario general del Dipoclat ha comparecido este viernes de nuevo ante la Justicia, esta vez por la internacionalización del procés, y ha asegurado que todos los gastos del ente fueron “públicos, notorios y transparentes”.

La pluralidad de causas en las que se encuentra inmerso Royo explica su breve declaración ante la jueza y que se haya acogido a su derecho a no declarar sobre los gastos supuestamente irregulares que le imputa la magistrada. Además de estar procesado y pendiente de juicio por los preparativos del 1-O, Royo está encausado por los gastos exteriores del procés en dos instancias, el Tribunal de Cuentas y el juzgado de instrucción 18 de Barcelona, que investiga una querella de la Fiscalía realizada a partir del mismo informe del ente fiscalizador.

Cabe recordar que Royo no formaba parte del Govern, sino que estaba al frente del Diplocat, una fundación público–privada en cuyo patronato están tanto la Generalitat como otras instituciones (la Diputación o el Ayuntamiento de Barcelona) pero también sindicatos, patronales o incluso el Barça. En las fechas más candentes del procés, el Gobierno del PP asoció el Diplocat con una suerte de servicio exterior de la Generalitat, y tal fue su oposición al organismo que con la aplicación del 155 directamente lo cerró.

No estar en la toma de decisiones clave no le ha servido a Royo para ahorrarse causas. El Tribunal de Cuentas ha impuesto al exresponsable del consorcio dedicado a la promoción exterior de Catalunya una fianza de 3,7 millones, la más alta de todas las que reclama por los gastos del procés. Y en la nueva causa penal que investiga una jueza de Barcelona, Royo también es el exalto cargo investigado por el mayor importe de gastos, un total de 760.322,07 euros.

De los nueve gastos que la Fiscalía imputaba a Royo, la magistrada ya ha descartado la relevancia penal en cuatro. Dos de estos desembolsos hacían referencia a la consulta del 9-N de 2014 y la Fiscalía pretendía ahora introducir un delito de malversación cuando en el juicio al expresident Artur Mas descartó este delito. La magistrada ha parado los pies a las fiscales con el argumento de que si no se acusó por este delito al máximo responsable de la Generalitat ahora no puede extenderse a cargos de menor rango.

Los cinco gastos que todavía mantienen a Royo imputado son subvenciones del Diplocat a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) “sin justificar las razones de la no concurrencia” por valor de 515.000 euros entre los años 2014 y 2017, dos informes sobre tratados multilaterales la internalización del procés y el alquiler de un espacio de 'coworking' en Bruselas en 2017 por 13.352,07 euros.

Según fuentes jurídicas, la comparecencia de Royo ante la magistrada Carmen García ha sido muy breve y ha explicado que se acogía a su derecho a no declarar por la “falta de seguridad jurídica” que le provocan las varias causas en las que está investigado. No obstante, ha querido dejar claro a la jueza que tiene “ganas” de declarar una vez se resuelva la duda que ha planteado su defensa, que ejerce la letrada Judith Gené, sobre si se deben acumular las causas de Royo en el juzgado 13 y el 18. El futuro inmediato de Royo pasará por los juzgados.