Expulsados por Trump y desahuciados en Barcelona: “Sin papeles no encontramos ayuda”

Matías, de cuatro años, desayuna ajeno a lo que ocurre en casa. Quizás sea el último yogur con cereales que toma en su hogar, pero él no lo sabe. El pequeño se muestra tranquilo, con la seguridad de estar con su familia. Nadie presta atención a los dibujos animados que salen en la televisión. Wilson, el padre, y sus hijos mayores, David y Tiffany, esperan impacientes el desenlace del desahucio inminente instado por el fondo de inversión Limara. Johana, la madre, está en la calle con los miembros del Sindicat d’Habitatge de Nou Barris de Barcelona y con los activistas de la PAH.

Esta familia de colombianos, llegados a Barcelona hace tres años tras ser expulsada de EEUU, fue estafada por el fraude denominado “venta de llaves”. Un hombre les abrió y enseñó el piso. Les dijo que el alquiler era de 700 euros con una fianza de dos meses. Pagaron los 2.100 euros y se quedaron en la vivienda. Reclamaron insistentemente un contrato de alquiler que nunca llegó. El piso no era del falso propietario, era de una inmobiliaria.

Al grito de “puerta”, los activistas resguardados en las sombras de los árboles de la Vía Júlia se convierten en pacíficos escudos humanos ante la fachada del edificio. Con la llegada de una patrulla de los Mossos d'Esquadra, comienza una reunión, en la misma calle, entre los funcionarios judiciales y Johana. También están presentes los asistentes sociales y miembros del SIPHO, organismo del Ayuntamiento de Barcelona para la mediación y prevención en casos de la pérdida de la vivienda.

La vida en 19 maletas

Finalmente, a Johana y a Wilson les dan tiempo hasta el día 29 para dejar el piso. Al no poder demostrar el engaño y robo del que fueron objeto, su caso es el de una ocupación y va por la vía penal, sin posibilidad alguna de aplazamiento. Ahora que ya saben que sus días en su engañoso hogar están contados, comienza una infructuosa búsqueda de una nueva vivienda.

“Desde Colombia fuimos a Estados Unidos para ofrecerles un futuro mejor a nuestros hijos. Allí nació Matías. Tiene pasaporte norteamericano, los demás no. Con las medidas de Trump contra la inmigración nos tuvimos que marchar. Solo se podía quedar Matías. ¡Un niño de dos años!”, exclama Wilson.

Llegaron de EEUU a Barcelona con su vida metida en diecinueve maletas y ahorros para empezar de nuevo. Después de dos años en un “minipiso inmundo” en L’Hospitalet, encontraron el de la Vía Júlia. “Lo invertimos todo en pagar los tres meses de alquiler y en comprar los electrodomésticos y los muebles”.

Wilson, pintor de profesión, dejó de tener trabajos durante la pandemia. Repartiendo propaganda y ayudando en mudanzas ha ido trampeando para conseguir entre 40 y 60 euros semanales. A Johana también se le han reducido ostensiblemente los trabajos de limpieza de domicilios. Intentan buscar un pequeño piso o una habitación lo suficientemente grande para vivir toda la familia junta. “Nadie nos alquila habitaciones teniendo tres hijos. Si fuera para Johana y para mí, ya la tendríamos. Con tres niños, no”.

“Podemos y queremos pagar un alquiler de 400 o 450 euros pero es imposible. Al no tener permiso de residencia no podemos optar a un alquiler normal. Solo nos queda la vía de entrar en la mesa de emergencia y esperar un piso social. Puedes esperar dos y tres años hasta que te lo den”. En este punto de la explicación, Johana interrumpe a su marido y aclara que, en su caso, ni eso. “Al no tener papeles, tampoco encontramos programas de ayuda. Lo máximo a lo que podemos aspirar es a un alojamiento durante tres días en un hostal que pagaría la asistencia social. También nos pagarían el alquiler de una habitación durante un mes”.

Pero esa puerta, no se la abre nadie. “Es un círculo vicioso”, continúa Johana, “si no tienes documentos, no puedes trabajar, si no tienes un contrato no puedes alquilar un piso y si no tienes trabajo no te dan documentos”. El día 29 no quieren ser desalojados por la policía. “Mis hijos no pueden pasar por esto. La educación que les damos del valor del trabajo, el sacrificio y la bondad no tiene nada que ver con esta situación”.

“Antes de que los niños duerman en la calle podríamos ocupar un piso, pero no lo queremos hacer. Va en contra de nuestros principios y de las enseñanzas que damos a nuestros hijos”, cuenta su padre. “Están escolarizados. David, el mayor, estudia un grado medio de administración y gestión. Mis padres me enseñaron que primero son los hijos, segundo son los hijos y tercero son los hijos. Toda esta lucha es por ellos. Si fuera por Johana y por mí estaríamos de vuelta en Colombia. Pero el futuro para los niños está aquí”.

Desahucios pese a la pandemia

El 2020, Barcelona fue la ciudad con más desahucios de España. Se ejecutaron 1.028 de los 5.737 del conjunto de Catalunya. Así lo recoge en su informe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las estadísticas de la unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona precisan que los grandes propietarios —personas físicas o jurídicas con más de quince viviendas en propiedad— iniciaron el 45% de los procesos de desahucio que hubo en la capital catalana el año pasado.

En lo que va de 2021, a pesar de la moratoria por el COVID-19 que aprobó el Gobierno, la situación no ha mejorado demasiado. En el primer trimestre, los desahucios habían aumentado respecto al mismo período del 2020 en el conjunto de España. La normativa impide que se eche de su casa a personas vulnerables en caso de impago del alquiler siempre que vivan en un piso de un gran propietario o una entidad pública.

Las asociaciones que luchan contra los desahucios hablan de “escándalo”. El concepto de “vulnerabilidad” enerva a estos activistas sociales. “Se interpreta siempre a la baja y encima no se cumple, se está echando a la calle a niños. ¡Qué hay más vulnerable que una familia con menores que se van a quedar sin hogar!”, explota una miembro de la PAH durante la espera de la comitiva judicial. La moratoria acaba en agosto y la PAH augura un otoño “terrible”.

La habitación infantil está llena de muñecos y peluches, la mayoría traídos desde EEUU. La pareja quiere que sus hijos tengan una infancia normal y consideran que este trance es solo un mal momento. Pero para superarlo reclaman ayuda. “Por primera vez en la vida necesitamos un salvavidas donde agarrarnos, una vez en el barco, nosotros ya nos manejaremos, pero primero, hay que salir del agua”.

Si nadie lo remedia, el día 29, Matías tomará su último desayuno en casa. Esta vez no habrá dibujos animados. La tele y todos los enseres de su hogar ya estarán en un trastero a la espera de cuatro paredes como las que ahora les quitan.