La Generalitat rectifica el proyecto de venta de datos de los historiales médicos a empresas privadas
El consejero de Salud, Boi Ruiz, ha dado marcha atrás en el proyecto VISC +, que permitía vender los datos de los historiales médicos de los ciudadanos a empresas privadas. El departamento de Salud esperaba ingresar 25 millones de euros con la cesión de la gestión de este proceso a una empresa privada. Hoy, sin embargo, la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) ha comunicado que se reorienta el proyecto y que se restringe los destinatarios del proyecto a los centros de investigación en salud acreditados en Cataluña.
Este anuncio ha sido interpretado como una respuesta a la oposición que VISC + había generado tanto a nivel parlamentario como de los sanitarios o las entidades de defensa de la salud pública y la privacidad de los datos. Hoy mismo, la Comisión de Bioética de la Universidad de Barcelona se mostraba contraria a la comercialización de los datos médicos de los ciudadanos, pese al anonimato de los pacientes que aducía el departamento de Salud. La Autoridad Catalana de Protección de Datos puso en duda que este anonimato no pudiera revertirse con algún programa informático.
En el comunicado de hoy, Salud renuncia a contratar a una empresa privada para que gestione VISC + y asegura que “la inversión para llevar a cabo el proyecto provendrá de recursos propios (públicos) del AQuAS”. A esta agencia se le encarga la gobernanza del proyecto, gestionarlo y efectuar la inversión que precise, además de responsabilizarse la de la estrategia global, la aprobación de su código ético y las políticas de transparencia y seguridad.
Isabel Vallet, diputada portavoz en temas de Sanidad de la CUP, y una de las principales voces críticas del proyecto, teme, sin embargo, que la “reorientación” de VISC + no evite que los historiales médicos lleguen a manos de empresas privadas que co-gestionan centros sanitarios dependientes del departamento de Salud o de las empresas farmacéuticas que financian proyectos de investigación realizados en el sector público. A su entender, el anuncio hecho por Aqua responde a la voluntad de “calmar a la opinión pública” pero deja la puerta abierta para que el sector privado obtenga indirectamente información privada de los pacientes catalanes.
