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El Govern saca pecho por la reforma del Código Penal: “Será más difícil perseguir el independentismo con delitos falsos”

La reunión del Govern de este martes, encabezada por el president Pere Aragonès

Arturo Puente

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El Govern de la Generalitat está satisfecho de los cambios pactados entre el PSOE y ERC para modificar el Código Penal y reivindica la paternidad de las negociaciones que lo han hecho posible. “Este no es un Código Penal ejemplar, pero será más difícil perseguir el independentismo con acusaciones por delitos falsos”, ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja. Desde el gabinete reivindican la importancia de los cambios y subrayan que han conseguido superar el 'no' inicial del PSOE a todas sus propuestas, comenzando por la eliminación del delito de sedición, los cambios en desórdenes públicos y, finalmente, la rebaja de penas en los delitos de malversación sin ánimo de lucro.

“El objetivo de este Govern nunca ha sido eliminar el delito de malversación, en el sentido de meter la mano en la caja, lo que se ha buscado desde el inicio es que no se castigue la disidencia política, que no se persiga el independentismo con la falsa acusación de la malversación”, ha aclarado la portavoz. En este sentido, el Govern cree que hay razones para felicitarse sobre lo conseguido porque, más allá de que en su opinión el 1-O no es delito, el nuevo redactado hará más difícil una interpretación judicial penal, entiende el Ejecutivo.

“Los cambios restan fuerza represiva en el Estado”, ha resumido Plaja, que ha reivindicado la paternidad del Govern sobre una negociación que, aparentemente, se ha vehiculado a través de los grupos parlamentarios. “Ha habido mucho trabajo discreto desde julio pasado y estos cambios son fruto directo de la mesa”, ha dicho la portavoz, que sin embargo ha evitado dar más detalles para no “retransmitir las negociaciones”.

El Govern también ha reaccionado este martes a el documento distribuido por ERC un día antes, donde trataba de abrir un debate sobre las condiciones que debería tener un nuevo referéndum sobre la independencia. Los republicanos, que recogían una propuesta sobre una consulta que el independentismo pueda ganar con el 55% de los apoyos, quieren centrar la nueva fase de la negociación con el Gobierno en esta carpeta. El Ejecutivo, por su parte, ha asegurado que en las próximas semanas comenzará a poner en marcha el diálogo social para recoger las diferentes visiones de partidos y entidades sobre esta cuestión.

La idea del Ejecutivo de Pere Aragonès es buscar en el tejido social las alianzas que no encuentra en el terreno parlamentario, que le puedan fortalecer en el ámbito interno de la política catalana pero también de cara al diálogo como Madrid. Los republicanos creen que, con los cambios en la política penal, ya han conseguido limar todo lo posible la mayoría de casos judiciales que apretaban a altos cargos del independentismo, ya juzgados o a la espera de juicio, por lo que es momento de hacer avanzar la negociación con el Gobierno hacia nuevas cuestiones.

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