Grupos en defensa de los derechos de la mujer piden un posicionamiento en Cataluña contra la reforma de Gallardón
La campaña por el derecho al aborto libre y gratuito, que incluye en Cataluña a cerca de 200 colectivos y asociaciones en defensa de los derechos de la mujer, instará estos días al Parlament de Catalunya y a la Generalitat a aprobar una resolución a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y contra la reforma que el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón prevé aprobar antes de que acabe el año. Además, pedirán que se promueva una ley catalana sobre la cuestión dentro del marco del Estatuto.
La propuesta de resolución elaborada por los colectivos, que intentarán colar en el debate de política general que comienza hoy -después de haber hablado con todos los grupos políticos-, consta de tres ejes: que se blinden los derechos adquiridos en cuestiones sexuales y reproductivas de las mujeres, que se despliegue definitivamente la ley de salud sexual y reproductiva de 2010, y que la Generalitat de Catalunya trabaje en una legislación propia para la interrupción del embarazo.
“Debemos blindar el derecho a decidir de las mujeres que Gallardón pondrá en peligro”, manifestaba Betlem Cañizar, portavoz de la campaña, durante una pequeña concentración de los colectivos ante el departamento de Salut de Generalitat. Aprovechaban que allí se reunía por segunda vez desde su constitución, en 2010, la Comisión Asesora de Salud Sexual y Reproductiva (CASR) del Govern, con el objetivo de analizar, entre otras cuestiones, la reforma del ministerio.
En cuanto a la petición de despliegue definitivo de la ley actual, se refieren sobre todo, como explica Cañizar, a “la educación sexual y afectiva en las escuelas, que hasta ahora no se da, y a las medidas de facilitación de métodos anticonceptivos”. A pesar de ser una normativa estatal, Cañizar considera que es la Generalitat la responsable de este desarrollo, dado que tiene las competencias en salud y educación.
Tanto la educación sexual en las aulas como las medidas de anticoncepción de momento no constan en el proyecto de ley de Gallardón, lo que hace temer a los colectivos que queden fuera de la legislación, a pesar de tratarse de factores esenciales para prevenir los abortos, según explican. En 2011 abortaron en España 118.359 mujeres, pero casi el 90% de ellas no lo habría podido hacer si estuviera en vigor la ley de Gallardón.
