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ICV y la CUP critican el uso político de la Policía Nacional en las manifestaciones proconsulta

Los Mossos desalojan la acampada del martes ante la delegación del gobierno / João França

Jordi Molina

La actuación policial en la calle entra en la tensión política entre el gobierno del Estado por un lado y la Generalitat y las movilizaciones proconsulta por otro. El martes por la noche hubo un primer ejemplo de este clima cuando los Mossos desalojaron una acampada pacífica de la izquierda independentista a favor de la consulta del 9-N ante la delegación del Gobierno central, en la calle Mallorca. Una decena de furgones de la Policía Nacional rodeaban el edificio aunque no actuaron. Y este miércoles el día se ha levantado con una imagen preocupante: la de 180 furgonetas antidisturbios de la Policía Nacional venidas de todo el Estado aparcados en el Maresme, sin que el Gobierno catalán tuviera constancia. El objetivo: que las actuaciones policiales que provoquen las concentraciones en favor de la consulta, a partir de ahora, se compartan entre Mossos y Policía Nacional.

Se trata de la Unidad de Intervención Policial (UIP), movilizados de urgencia desde diferentes ciudades españolas, y que se han instalado en unos terrenos de Pineda de Mar. El Gobierno catalán ha asegurado no haber pedido ningún dispositivo adicional del cuerpo de policía del Estado, mientras que desde Interior y Mossos no aclaran, a pesar de la insistencia de este medio, si se trata de un preparativo compartido con la policía catalana o, por el contrario, de una decisión unilateral del departamento de Interior del Estado. Hay que recordar que las competencias de seguridad ciudadana son estrictamente de los Mossos y que un despliegue de la Policía Nacional de esta magnitud no estaría justificado ni siquiera en caso de urgencia, sólo en caso de que el Gobierno lo solicitara.

El portavoz del sindicato SAP-UGT, Valentín Anadón, cree que se está generando una polémica artificial y explica así el contexto en que se enmarca el desarrollo: “Estamos ante una actuación de estricta vigilancia perimetral de los edificios de la Estado”. Según Anadón, las concentraciones de ayer frente a la sede de la delegación del Gobierno central por parte de la izquierda independentista han motivado “de forma preventiva” el despliegue de la Policía Nacional. “Pedimos a los responsables políticos que no hagan un uso instrumental de la policía y que no enfrenten los cuerpos de seguridad catalán y español por cuestiones políticas”, ha aseverado.

En cambio, desde ICV, Jaume Bosch explica que el comportamiento de la Policía Nacional viene de lejos. “Nunca les ha gustado que sean los Mossos los que defiendan sus símbolos”, explica. Según el diputado ecosocialista es “inaceptable e indignante” que el Estado no informara al Gobierno catalán de este dispositivo y denuncia el uso partidista de la policía. Bosch insiste en que la competencia es exclusivamente de la Generalitat y enmarca la actuación del Ministerio del Interior en la necesidad de evidenciar, ante la opinión pública, que son ellos los que están “protegiendo” los edificios del Estado.

Desde la izquierda independentista que ayer participó de las concentraciones y que se está manifestando de nuevo este miércoles se sube el tono. Desde la CUP, Jordi Salvia, se muestra contundente: “ya se pueden volver por donde han venido”, dice en alusión a las unidades venidas de Madrid, Oviedo, Zaragoza y Valencia. A esta hora, hay una nueva acción ante la sede de la delegación del Gobierno: “Esperamos que en el transcurso de la acampada de hoy, de nuevo pacífica, la policía respete un derecho democrático de la ciudadanía”, sentencia Salvia desde la CUP.

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