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La jueza indaga en Bélgica y Escocia el encargo a dedo de un estudio sobre el procés por 196.920 euros

Royo, ante la Ciudad de la Justicia de Barcelon

Oriol Solé Altimira

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La jueza de Barcelona que investiga el desvío de fondos del Govern para gastos exteriores del procés indaga en Bélgica y Escocia sobre un informe que el consorcio Diplocat adjudicó a dedo por 196.920 euros. La magistrada ha librado sendas peticiones de auxilio judicial a las autoridades belgas y escocesas para tomar declaración como testigos a los dos profesores de las universidades de Lovaina y Edimburgo que participaron en el estudio.

El informe, titulado “Fronteras, soberanía y autodeterminación nacional en la Unión Europea”, es uno de la veintena de gastos del Govern investigados en la causa, que ascienden a alrededor de un millón de euros. Los pagos se dividen, en esencia, en dos materias: trabajos académicos que excederían del ámbito competencial del Govern, como la defensa; otros que versaron sobre la internacionalización del procés y aspectos de un nuevo Estado catalán; y subvenciones directas a entidades de catalanes en el exterior que la jueza no ve suficientemente justificadas.

El Diplocat –un consorcio donde están representados Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, sindicatos, patronales y hasta el Barça y que fue liquidado por el 155 y reabierto en el Govern de Quim Torra– y su exsecretario general Albert Royo son los que acumulan más gastos investigados, como es el caso del estudio sobre fronteras.

En concreto, se atribuye a Royo encargar en 2016 al Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) un estudio académico sobre el estatus que podría tener una región de la Unión Europea (UE) que se independizara de un Estado miembro. El IBEI, expone la magistrada Carmen García en uno de los autos del caso, propuso llevarlo a cabo con dos centros universitarios de Edimburgo y Lovaina y presentó al Diplocat una solicitud de subvención. Royo aprobó la subvención de 196.920 euros “sin promover la concurrencia pública y con infracción de las normas” de los estatutos del consorcio sobre concesión de ayudas.

A diferencia de otros estudios que forman parte del caso, el caso del informe del IBEI sí se desprende que fue efectivamente realizado, habida cuenta de la completa documentación que se puede consultar en el portal del instituto. En el portal aparecen un total de 14 'papers' académicos que conformaron el encargo, se indica que recibió financiación del Diplocat y los dos centros extranjeros que colaboraron en la investigación, el centro de cambio constitucional de Edimburgo y Aberdeen (Escocia, Reino Unido) y el centro de estudios sobre governanza global de Lovaina (Bélgica).

No ocurrió lo mismo con otro estudio investigado: la magistrada descubrió que el Govern de Artur Mas había pagado 4.100 a una empresa belga investigada por corrupción por un informe que ha desaparecido.

Se prevé que la magistrada pueda tomar declaración en las próximas semanas como testigo por videoconferencia al profesor de Lovaina que participó del estudio, mientras que con el escocés se espera su respuesta a un cuestionario escrito ante las dificultades que las autoridades británicas ponen a la cooperación judicial y la toma de declaraciones tras el Brexit.

Homs, el 20 de mayo ante la jueza

Por otro lado, la jueza tomará declaración como investigado el próximo 20 de mayo al exconseller de Presidencia Francesc Homs, en el marco de una pieza separada del caso de los gastos exteriores del procés que una subvención directa de 7.400 que el exconvergente otorgó en 2012 a la fundación CATDem, afín a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La Fiscalía acusa a Homs de tres gastos en su etapa como conseller de Presidència (2011-12). Además de la subvención a CATDem, el Ministerio Público sospecha de un encargo a un despacho de abogados por valor de 14.520 euros y de una fragmentación en dos de un contrato por valor total de 29.040 euros para poder otorgarlos a dedo y eludir así el concurso. La jueza instructora no vio delito en ninguno de los gastos, pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia de Barcelona le dio la razón y ordenó investigar a Homs.

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