La Mesa del Parlament pide más información sobre su petición de cárcel a los que rodearon la Cámara
La mayoría de grupos políticos presentes en la Mesa del Parlament de Catalunya han solicitado este martes tener más información sobre el proceso judicial abierto contra 20 de los manifestantes que participaron el 15 de junio del 2011 en la acción 'Paremos el Parlamento', que consistió en rodear la Cámara catalana en el marco del 15-M. Ayer trascendió que los servicios jurídicos de la propia Mesa, junto con la Generalitat, que actúan como acusación particular en el caso, habían pedido una pena de prisión de 3 años para estas personas, pero esta mañana algunos de los partidos que conforman la mesa han asegurado que no sabían nada.
Ha sido la vicepresidenta primera de la Mesa, Anna Simó (ERC), quien ha pedido más información al respecto. Y el secretario cuarto, David Companyon (ICV), ha ido más allá y, además de mostrar su disconformidad con el escrito de acusación y, según diversas fuentes de la Mesa han detallado a Europa Press, se ha mostrado partidario de que el Parlamento se retire del proceso judicial abierto. De hecho, la formación ecosocialista ya reclamó este lunes a través de un comunicado que el Parlamento retirase la acusación particular contra los 20 manifestantes, una petición que también hizo el diputado de la CUP David Fernández.
Sin embargo, las mismas fuentes de la Mesa han explicado que el órgano gestor de la Cámara no se plantea ahora mismo esa posibilidad, la de retirar la acusación, y varios grupos han reclamado que se separe un tema técnico como el escrito de acusación del debate político. “Me pregunto si algunos grupos defenderían lo mismo que ahora si los que hubieran intentado bloquear el Parlamento hubieran sido 'skin heads”, ha planteado durante la reunión uno de los miembros de la Mesa.
Delitos menores revestidos de gravedad por la “intimidación ambiental”
Los 20 manifestantes encausados forman parte de los cientos de personas que el 15 de junio del 2011 intentaron rodear el Parlamento catalán para detener la aprobación de los presupuestos. La acción derivó, en algunos casos, en obstrucción del paso, acoso, insultos y alguna agresión a parlamentarios, lo que la Audiencia Nacional, que juzga el caso, considera un delito contra altas instituciones del Estado. El magistrado que instruye el caso, Eloy Velasco, dejó claro a principios de abril que, en condiciones normales, se trataría de supuestos delitos menores o faltas, pero que la “intimidación ambiental”, es decir, la presión del conjunto de concentrados -“aprovechando la cobardía de la acción del grupo”, dijo en la auto-, revestía los delitos de gravedad.
Semanas después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía para los 20 acusados penas de 5 años y medio de prisión, además de una multa de 7.500 euros a cada uno de ellos.
