Los Mossos descartan por ahora suspender al agente que se inventó una agresión de un manifestante

La conselleria de Interior de la Generalitat no tomará por ahora ninguna medida cautelar, como la suspensión provisional de empleo, contra el agente de los Mossos d'Esquadra que acusó falsamente a un manifestante de haberle agredido para justificar su detención. El agente fue desmentido por un vídeo y la Audiencia de Barcelona ha ordenado su imputación por detención ilegal.

Fuentes de la conselleria de Interior han informado que, tras analizar el vídeo, la dirección general de la policía ha decidido abrir una información reservada al mosso, sin imponerle por ahora ninguna medida cautelar. La defensa del manifestante acusado falsamente ha lamentado la decisión, que para el letrado Eduardo Cáliz supone “mandar un mensaje de impunidad en actuaciones arbitrarias”.

Según el régimen disciplinario de los Mossos, la información reservada no supone la incoación de un expediente disciplinario, sino que tan solo es un paso previo “para esclarecer los hechos y sus presuntos responsables”. Posteriormente, la información sí puede formar parte del expediente disciplinario.

La Audiencia de Barcelona ordenó la semana pasada que el agente fuera imputado por detención ilegal y lesiones leves y archivó la causa contra el manifestante, a quien el juez de instrucción había dejado a un paso del juicio, tras constatar gracias al vídeo aportado por Cáliz que la agresión denunciada por el mosso “no existe”.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre del año 2019, cuando los Mossos d'Esquadra desalojaron el centro social ocupado El Rec, en el barrio del Fort Pienc de Barcelona. En el operativo un antidisturbios arrestó al joven por un supuesto atentado a los agentes de la autoridad al haber recibido un codazo. El agente no solo se reafirmó en la agresión –que en realidad no ocurrió– en su denuncia posterior y ante el mosso instructor del atestado del caso, sino que se ratificó de nuevo cuando compareció como testigo ante el juez.

Desde Interior han indicado que el agente ya no forma parte a día de hoy de la Brigada Móvil, los antidisturbios de la policía catalana que participaron en el desalojo del centro social donde se produjo la detención del manifestante, pues cambió de unidad hace meses.

Para Cáliz el hecho de que el agente ya no esté en los antidisturbios no debería obstar a la apertura de un expediente disciplinario y su suspensión. “La actuación que la Audiencia de Barcelona atribuye al agente es una arbitrariedad manifiesta y muy grave y le incapacita para seguir realizando una función pública”, reflexiona el letrado, que en toda su carrera asegura que no había visto “con tanta claridad” cómo se desmentía una versión policial.

“Hay casos en que nos encontramos que la policía no dice toda la verdad en los atestados, otros en los que se contradicen o se puede acreditar por otros medios la inocencia de los investigados, pero no había visto nunca de forma tan contundente cómo el agente no solo se inventa una agresión sino que después la refleja en el atestado y en su declaración ante el juez”, asevera Cáliz.

El reglamento disciplinario de los Mossos autoriza la apertura de un expediente y la adopción de medidas cautelares aunque el caso esté judicializado, como ocurre con el mosso que se inventó el codazo. Lo que sí fija el reglamento es que la resolución definitiva del expediente solo se puede producir cuando la sentencia del caso sea firme, ya que los hechos probados de la resolución judicial vinculan a la administración a la hora de imponer sanciones.

La suspensión de empleo y sueldo es la mas grave de las medias cautelares que Interior puede adoptar durante la tramitación del expediente disciplinario, aunque su adopción es excepcional y solo es obligatoria cuando un agente es encarcelado de forma preventiva.

Más habitual es que se aparte de sus funciones a los agentes y se les traslade a otras tareas manteniéndoles el sueldo mientras dura la investigación interna. Así ha ocurrido en dos casos recientes, el del mosso que golpeó en la cara a un joven que se saltó el toque de queda y el de los agentes que protagonizaron una agresión racista a un joven.