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OPINIÓN | Estado de sindiós, por Elisa Beni

La movilización de los activistas logra paralizar el primer desahucio en Barcelona tras el confinamiento

Alegría de Liliana tras conocer que su desahucio había sido aplazado.

La tregua ha llegado a su fin. Los desahucios han vuelto a Barcelona tras casi tres meses suspendidos y con ellos han regresado las movilizaciones de las plataformas en defensa del derecho a la vivienda. Este jueves, unos 200 activistas han logrado paralizar el primer desahucio en el área metropolitana de Barcelona en una pequeña victoria que anticipa la vuelta a la lucha para evitar nuevas expulsiones.

La declaración del estado de alarma supuso la suspensión de todos los lanzamientos hasta que el pasado 4 de junio se reactivaron los plazos judiciales. Solo en Barcelona, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se suspendieron durante la pandemia 788 lanzamientos que ahora se han vuelto a programar. El de Liliana y sus dos hijos, de 7 y 13 años, era el primero que tenía fecha en el área metropolitana de la capital catalana.

Los activistas antidesahucios se han volcado en paralizar este primer desahucio y hacer una demostración de fuerza ante el regreso de los lanzamientos y de la aparición de una crisis social que tendrá ecos en la vivienda. Convocados por la PAH, a la protesta han acudido activistas de otras plataformas como el sindicato de inquilinos, la oficina de vivienda del barrio de Gràcia y otros distritos. “Llevábamos mucho tiempo sin salir a la calle y todos estábamos con ganas de demostrar que nos seguirán teniendo enfrente”, señalaba Jordina, una joven activista de 19 años que había acudido con sus amigos a la movilización.

Liliana realquiló hace más de un año una habitación en un piso ocupado situado en L’Hospitalet de Llobregat. Esta mujer de 43 años, que carece de papeles, sobrevivía limpiando hogares y cobrando en negro hasta que la pandemia le secó su principal fuente de ingresos. Ahora, con la cuenta a cero después de dos meses sin trabajar, se veía abocada a la calle después de que el fondo de inversión Cerberus, propietario del piso, llevara a cabo los trámites para expulsarla del piso en el que pagaba 350 euros por una habitación.

“Yo siempre me he defendido y me he espabilado", explicaba minutos antes de que se lograra paralizar el desahucio. “No pido un piso gratis y no quiero vivir de ocupa, yo pagaba mi mensualidad hasta hace dos meses que me quedé sin nada”. De las personas que le alquilaron la habitación en este piso ocupado no tiene noticia alguna. Solo la carta del juzgado que recibió hace unas semanas donde descubrió que el propietario del domicilio no era la persona a la que había estado pagando una mensualidad durante más de un año.

Una hora antes del desahucio ya había decenas de personas ante la puerta de su domicilio. A pocos minutos de las 13 h ya eran unos 200 los activistas cortando la calle. “Se hace evidente que las medidas de este Gobierno que se llama progresista no son suficientes”, afirmaba Lucía Delgado, una de las portavoces de la PAH. "El mejor reflejo es este desahucio de una persona vulnerable con dos menores a cargo. Estamos aquí para demostrar que ni Liliana ni nadie deben ser expulsados en un momento así”.

Cundía el ánimo entre los activistas concentrados debido al alto número de personas que se han acercado a paralizar el desahucio, aunque algunos matizaban que lo difícil vendrá más adelante, cuando haya varios desahucios a diario en distintos barrios de la ciudad. “Si cada día fuese así no habría un solo desahucio”, comentaba uno de los activistas.

La PAH ha intentado que el fondo inversor estadounidense que tiene la propiedad del piso se sentara a negociar un alquiler social para Liliana y su familia, tal y como establece la ley de vivienda 24/2015, que dicta que las personas que ocupan un inmueble pero llevan empadronadas en él un tiempo determinado deben recibir una oferta de alquiler social por parte del propietario del piso, siempre y cuando este sea un fondo de inversión y no un particular. El fondo Cerberus, sin embargo, no accedió a negociar una solución.

Cerca de las 13.30 h los funcionarios judiciales han rechazado la posibilidad de ejecutar el desahucio ante la gran cantidad de personas concentradas frente al domicilio de Liliana. Cuando se ha sabido la noticia han estallado en un grito de alegría y han empezado a cantar el tradicional “Sí se puede”.

Liliana, tras la noticia, ha intentado dirigirse a los concentrados pero estaba tan emocionada que se le rompía la voz. De momento, podrá permanecer en su domicilio hasta el mes de septiembre. “Muchas gracias a todos”, es todo lo que ha logrado decir por el micrófono.

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