Los ocupantes de la nave de la calle Paraguay reclaman techo a la espera del desalojo
A la vuelta de la esquina de la calle Puigcerdà de Barcelona, donde se alzaba hasta hace un año la nave industrial ahora derrumbada en la que vivían unas 250 personas migrantes, se han manifestado este martes los 20 ocupantes de otra nave, la de la calle Paraguay, amenazada de desalojo la semana que viene. Sus inquilinos, de origen subsahariano, se niegan a quedarse sin techo y sin su espacio de trabajo, puesto que la mayoría utiliza la misma nave para tratar la chatarra de la que vive.
Con la ayuda de la Asamblea de Apoyo a los Asentamientos del Poblenou, los ocupantes han salido a la calle para exigir una salida a su situación de exclusión. Por eso han pedido también un encuentro con el Ayuntamiento de Barcelona, para que se les facilite un lugar donde dormir en cuanto pierdan la que es su casa y un espacio en el que puedan guardar sus pertenencias y la chatarra.
El consistorio, que les recibirá este jueves por la mañana, ya adelanta que en el marco del Plan de Asentamientos Irregulares están siempre dispuestos a asistir a estas personas en situaciones de emergencia. “Como en cualquier desahucio o desalojo de personas en situación de vulnerabilidad”, relatan fuentes del Ayuntamiento, se pone a su disposición “alojamiento temporal, manutención y asesoramiento legal, así como la posibilidad de hacer un proceso de inserción sociolaboral”.
Además, el consistorio asegura que desde enero de 2013 viene asistiendo a quienes habitan en esa nave. Según sus cuentas, desde entonces han atendido a 37 de las personas que pasaron por ese espacio; han alojado en residencias municipales a 17 y han ayudado a inserir en el mercado laboral a unos 12.
“Como mínimo, las condiciones de Puigcerdà”
La demanda de mínimos del colectivo es “que el consistorio ofrezca a los desalojados, como mínimo, las mismas condiciones que se facilitaron a los inquilinos del macroasentamiento de la calle Puigcerdà”, en palabras de Carlota Falgueras, activista vecinal. Es decir, un alojamiento temporal durante el tiempo que haga falta -actualmente los hay que siguen en albergues tras casi un año del desalojo- y la posibilidad de entrar en los programas de inserción y de regularización del permiso de residencia.
Esto último, sin embargo, será difícil. De los 87 que el año pasado iniciaron los trámites para regularizar su situación en España, solo 7 lo han conseguido, según las cuentas del Ayuntamiento. A la mayoría de ellos se les rechaza la documentación por no tener un contrato de trabajo estable.
Otra de las peticiones que el colectivo y los vecinos trasladarán al consistorio, y que va más allá de lo que se ofreció el año pasado, es la posibilidad de mantener su actividad laboral -la recogida y venta de chatarra- en el mismo barrio. El principal motivo por el cual muchos de ellos no se acogen a los programas del Ayuntamiento es porque deben dejar de manipular la chatarra, pero esta vez pedirán que el consistorio les habilite un espacio en la zona en el que puedan guardar su material.
Actualmente, según los vecinos, quedan unos 18 asentamientos en los barrios barceloneses de Poblenou, Besòs y Sant Martí.
