La liturgia sigue. Los gestos, los símbolos, los sentimientos, en suma, cuentan más que los procedimientos jurídicos. Todos los que asistieron a la ceremonia en el Palau de la Generalitat saben que la consulta no tiene recorrido legal posible. Saben que el 9-N no podrá celebrarse una votación bajo reconocimiento internacional, requisito imprescindible para que el proceso soberanista no descarrile. El solemne acto de firma del decreto de convocatoria no entrará en la historia por su fuerza legal, si no por ser un instrumento más en el pulso que una parte significativa de la sociedad catalana ha emprendido con el Estado.
Es un paso trascendente en el choque de legitimidades. Artur Mas, y la mayoría parlamentaria que le apoya, acaba de firmar el decreto que avala la legitimidad catalana. Y el lunes, el Consejo de Ministros pondrá en marcha los mecanismos de la legitimidad española. Este es el escenario en el que ambas partes librarán el pulso, ante la sociedad catalana y española. Y ante la comunidad internacional. De aquí que cada paso, cada movimiento, se realice con la mirada puesta en quienes podrían acabar siendo los árbitros del conflicto. El Palau de la Generalitat y la Plaza de Sant Jaume fueron un plató de televisión para acoger gestos y palabras destinadas al mundo occidental. El mensaje era claro, “Catalunya quiere votar”. Y el lunes llegará de Madrid otro mensaje igualmente diáfano: “Catalunya no puede votar”.
Estos dos mensajes, tan simples como contundentes, son los que se confrontarán hasta el 9-N. Otra vez una fecha simbólica, otro clímax del pulso entre el soberanismo y el Estado. Y de nuevo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se equivocará si piensa que superada esta fecha, la legitimidad catalana se desvanecerá. Todo lo contario, el ‘no’ legal por parte del Estado alimentará aún más la reivindicación de una parte significativa de la sociedad catalana. Y desarmará aún más de argumentos a quienes, pese a todo, defienden un futuro compartido entre Catalunya y España.
Porque el acto de firma del decreto de convocatoria de la consulta es, en realidad, la petición, negro sobre blanco, del reconocimiento de Catalunya como actor político, como nación. Fue un acto de soberanía, que, posiblemente, no tendrá recorrido legal, pero sí un gran fuerza simbólica. Por eso es tan importante que, más allá de los sentimientos y las leyes, entre Catalunya y España se abra camino la legitimidad de la razón, del diálogo, de la política en mayúsculas. La única legitimidad que puede sacarnos del laberinto.
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