No hay duda posible. La presión social y únicamente ella ha forzado al gobierno y a los bancos a revisar las condiciones legales con que hasta ahora se han llevado a cabo las ejecuciones forzosas de hipotecas y los desahucios judiciales y policiales de las viviendas, es decir de sus habitantes empujados a la morosidad por la situación económica general. Detrás la denominación “presión social”, igual que detrás del eufemismo de la palabra “mercados”, hay personas concretas que se han movilizado en favor de sus vecinos hasta la extenuación, hasta lograr esta primera victoria contra el gigante. Esas personas han demostrado en la práctica una de las enseñanzas más importantes desde que comenzó la crisis: David puede vencer a Goliat, porque David somos casi todos y Goliat tiene los pies de barro manchados de sangre, aunque los calce con tanta riqueza aparente y con tanta legislación injusta.
Es probable que a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a sus representantes sin ánimo de protagonismo personal, como Ada Colau, no les den el premio Príncipe de Asturias a la Convivencia, el premio Nobel de la Paz ni otros galardones similares. Lo merecerían sobradamente, por la lección crucial que han aportado a la salida de la crisis.
En este asunto los bancos han mostrado sus vergüenzas, que son muchas y decisivas en la actual situación de crisis severa, con la connivencia de los gobiernos. España se ha revelado por encima de otros países europeos en la aplicación de desahucios judiciales de viviendas por impago de la hipoteca, como si el paraíso de la burbuja inmobiliaria, de la proporción de pisos vacíos y de la tasa de paro más alta de Europa tuviera que hacerlo pagar doblemente a quienes menos responsabilidad han tenido, mientras se rescata a los bancos con miles de millones de dinero público. La legislación hipotecaria, aprobada por los representantes democráticos, ha mostrado el contenido odioso y abusivo de la letra pequeña, destinada a desproteger al cliente.
El último decreto del gobierno para frenar los desahucios de familias en situación “de extrema necesidad” y concederles una moratoria temporal es el mínimo parche para un descosido que reclama otra auténtica reforma legal, un tratamiento de fondo. Los bancos generosamente rescatados no deben conceder tan solo una moratoria temporal a los casos más extremos. Deben asumir su responsabilidad en la actual crisis, de la que han sido y son uno de los agentes más extremos, en vez de mantenerse como el único sector que se permite seguir actuando como si aquí no hubiera pasado nada.
Una moratoria bancaria temporal de los intereses de todas las hipotecas contribuiría a rescatar a muchos clientes de los bancos, no solamente a los bancos, y relanzaría de forma directa la economía. Es tan sencillo como el primer paso atrás que la presión social les ha obligado a dar, pero más importante todavía para salir de la crisis todos, no solo ellos.
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