Por cuarto año consecutivo, el gobierno de la Generalitat acaba de notificar a las farmacias que “se ha acabado el dinero para pagar los medicamentos”. No podrá respetar el compromiso de pagar a 90 días las facturas de julio, agosto y setiembre, 330 millones de euros correspondientes al reembolso de la parte del precio que asume la administración -y previamente los farmacéuticos- de los remedios recetados por la medicina pública.
El gobierno de la Generalitat alega que es culpa del gobierno español, obviamente. Asegura que Madrid no desbloquea la partida económica destinada a cubrir los excesos de déficit por parte del Fondo de Liquidez Autonómico. Lo que indigna mayormente a los farmacéuticos y los ciudadanos es que la situación se reproduzca por cuarto año seguido, sin que las administraciones públicas responsables se hayan preocupado durante ese período de tiempo de buscar una solución a un problema previsto, reiterado e impune.
La responsabilidad y la obligación de las administraciones públicas es administrar correctamente lo que les corresponde, más aun cuando se trata de situaciones perfectamente predecibles. Una sociedad no es justa y difícilmente es democrática cuando el gobierno -el gobierno que sea- incumple reiteradamente sus compromisos, empezando por los administrativos más básicos. Pasarse la responsabilidad de un gobierno a otro, sin asumirla ni resolver nada, representa desatender el grado más elemental del compromiso adquirido con los ciudadanos por parte de los políticos electos.
Los farmacéuticos no son, ni mucho menos, los únicos afectados por los recortes de los servicios públicos. Pero son un ejemplo claro de ello.
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