El principal problema que afecta hoy Cataluña a es, sin duda, el crecimiento de la pobreza y de sus consecuencias, que se ha multiplicado por cinco desde el año 2008. Pobreza económica, pobreza alimentaria, pobreza energética y pobreza habitacional son hoy las diferentes caras poliédricas de una misma realidad: la desigualdad social. La actual crisis económica, diseñada escrupulosamente por un capitalismo financiero cada vez más salvaje, nos está desvistiendo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestros derechos. La herencia de los que no heredaremos nunca ningún bien material son los servicios públicos y los derechos sociales, lo que nos iguala a todos, independientemente del peso de nuestro bolsillo.
Los datos hablan por sí mismos. El informe INSOCAT, elaborado en 2013 por las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), es bastante contundente: el 60% de los hogares catalanes tienen dificultades para llegar a fin de mes, la tasa infantil de riesgo de pobreza crece vergonzosamente (afecta a uno de cada cinco jóvenes); se ha multiplicado por cinco la población catalana en pobreza severa (del 1,15% en 2008 al 4,98%); un 13,7% de los catalanes son pobres a pesar de tener un trabajo debido a una reforma laboral que ha generado más precariedad... Y así podríamos continuar. Pero, a menudo, el problema radica en la frialdad de las cifras, los datos y los porcentajes. La realidad es que detrás de cada símbolo del % hay miles de familias, con rostros, con nombres y apellidos, con hijos, abuelos y abuelas, que necesitan una solución integral de emergencia social. Necesitan que, como país y políticamente, nos marquemos un objetivo claro: combatir la pobreza.
Estos datos parece que este 2014 se complicarán aún más. Después de siete meses en que el grupo de ICV-EUiA hemos denunciado por activa y por pasiva la falta de voluntad del gobierno de Artur Mas de garantizar una beca comedor para todos los niños en situación de riesgo de malnutrición y hemos reclamado una partida abierta para cubrir estas necesidades, el gobierno ha enredado, ha engañado y ha mirado hacia otro lado. El consejero de Sanidad y la consejera de Enseñanza han negado, desde julio de 2013, que hubiera niños y niñas en Cataluña en situación de malnutrición. No sólo el grupo de ICV-EUiA lo denunciamos, durante el verano el Síndic de Greuges puso una cifra (50.000 niños) que fue confirmada por la Asociación de Pediatras de Cataluña. Ahora, siete meses después, la Secretaría de Salud Pública reconoce que hay en el país 660 casos de niños malnutridos: 95 por vivir en situación de pobreza extrema y 555 en situación de ingresos extremadamente bajos. El Consejero lo negó en septiembre de 2013. Es indigno mentir en sede parlamentaria. Es inmoral decir mentiras cuando hablamos de pobreza alimentaria infantil. No es ético no haber presentado la dimisión después de negar esta evidencia. Y es responsabilidad del Presidente Mas no cesar inmediatamente de su cargo por este motivo. Este episodio nos indica que la situación de pobreza se agrava en Cataluña y el gobierno, en vez de tomar medidas para erradicarla, la oculta.
Desgraciadamente el gobierno de CiU, con la incomprensible complicidad de ERC, no se ha marcado combatir la pobreza como una de sus prioridades. Los presupuestos de 2014 han sido una oportunidad perdida. Se han aprobado unos presupuestos claramente antisociales que lo único que hacen es mantener los privilegios de unos pocos (grandes élites financieras, familias con grandes fortunas, entidades bancarias, escuelas del Opus que segregan alumnos, Abertis y otros amigos...) a costa de los derechos sociales de la mayoría de que cada vez tenemos menos. En breve, el gobierno y su socio, CiU y ERC, tendrán una nueva oportunidad de redistribuir la riqueza y combatir la pobreza: la ILP por una renta garantizada ciudadana. Esta iniciativa popular, que viene avalada por 121.191 firmas de catalanes, pasará su trámite parlamentario. La iniciativa reivindica una renta de 7.967 euros al año para todas las personas como ingreso mínimo para vivir con dignidad.
Esta es, pues, una nueva oportunidad para combatir la pobreza. Si todo el mundo tuviera una renta mínima garantizada evitaríamos esa pobreza extrema que tiene muchas caras: económica, alimentaria, energética y habitacional. No hacerlo es no marcarse como objetivo prioritario la erradicación de la pobreza en la Cataluña del siglo XXI y, no evitarlo, es un déficit que saldrá socialmente muy caro en nuestro país.
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