Las instituciones públicas de toda España que destinan más dinero a financiar a los partidos políticos que las integran son el Parlament de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, en función de los acuerdos votados por sus propios beneficiarios. La información se encuentra detallada en el habitual informe de fiscalización que elabora el Tribunal de Cuentas, pero habría pasado más desapercibida dentro de la copiosa literatura administrativa si no la hubiese expuesto a lo largo de dos días sucesivos de la presente semana el periodista Pere Ríos en las páginas de la edición de Catalunya del diario El País.
El Parlament catalán destinó 51,8 millones de euros durante el trienio 2009-2011 a subvencionar a los partidos políticos que lo componen, sin contar los sueldos y dietas de los diputados que llegan por otra vía. En el capítulo concreto de la subvención, la cifra supera a la del Congreso y el Senado españoles sumados. En 2013 el Parlament destina a esta subvención a los partidos 15,8 millones. La misma suma está prevista en su presupuesto de 2014. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en 2011 y posteriormente revalidado con el voto en contra de la CUP y la abstención d’IC.
La Diputación de Barcelona, por su lado, también se situaba en 2009 al frente de todas las de España en este aspecto, con una partida anual de 862.901 euros para subvencionar directamente a los partidos políticos, al margen de sueldos y dietas. Los Consells Comarcals dedicaron al mismo concepto en 2011 un total de 1,2 millones de euros, según el mismo informe del Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento de Barcelona lidera asimismo las instituciones municipales de toda España en este terreno, con una partida de 2,5 millones de euros en 2011, que se “redujo” a 2,4 millones en 2012.
A la vista de la situación general en que nos encontramos, parece más que dudoso que haya sido alcanzado el objetivo de contribuir con esta lluvia de millones de dinero público a la financiación regular, legal y transparente de los partidos políticos electos y por consiguiente a fortalecer la democracia, gracias a su independencia de los poderes fácticos que defienden intereses particulares y que a menudo también los subvencionan por otros conductos que no son objeto del control del Tribunal de Comptes, aunque aparezcan de vez en cuando en otros tribunales.
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