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Recuperar derechos entre cadáveres de la especulación

El pasado mes de Febrero, la PAH Barcelona recuperó un edificio propiedad de la Sareb (el llamado 'banco malo'). El edificio estaba abandonado desde hacía 8 años. Un cadáver más de la especulación urbanística de nuestro tiempo, un cadáver más de un cementerio que acumula 3'5 millones de viviendas vacías en el Estado español. Nuestras ciudades son espacios en decadencia, donde acumulamos viviendas vacías y desahucios, y donde la propiedad de la vivienda está en manos de los dueños del mercado. La lógica antigua de la acumulación de bienes para unos pocos, por la desposesión de derechos para unos muchos. El parque de vivienda pública es ridículo, y en un Estado donde jurídicamente se defiende la propiedad privada por encima de las personas, es cada vez más necesaria la autodefensa contra la vulneración constante de nuestros derechos.

La PAH es, por encima de todo, autodefensa y recuperación de derechos, es el incoformismo al "No podemos hacer nada" de la administración pública. Una estrategia de autodefensa que se articula por varias vías complementarias. Por un lado con la campaña de La Obra Social de la PAH, con más de 2.000 personas realojadas y una treintena de bloques recuperados. La Obra social, que trabaja desde la desobediencia cívil, es una campaña que va a seguir siendo punta de lanza del acceso a una vivienda digna. Por otro lado, la ILP Catalana es la pata institucional que lucha en la trinchera del Parlament de Catalunya para que éste apruebe, en el curso del mes de julio, una resolución a favor de los derechos de vivienda. La ILP dará herramientas a la administración pública para acabar con los desahucios y movilizar el parque de vivienda en manos de la banca y los grandes propietarios.

La recuperación de vivienda vacía en manos de la banca o grandes propietarios es más legítima y más necesaria que nunca. Cómo hemos dicho miles de veces en La PAH, los desahucios no disminuyen. Más bien al contrario: ha habido un fuerte crecimiento de los desahucios por el impago del alquiler; y cuando se firma una dación en pago, la solución de la condonación de la deuda no incorpora la cesión del piso al parque de vivienda social, sino que deja la familia en la calle.

El principal problema es sin duda la privatización del techo. La vivienda vacía se encuentra en manos de la banca y de los grandes propietarios.La nula sensibilidad de estos actores y un marco jurídico que los defiende a capa y espada, hace que a día de hoy sea casi imposible movilizar este parque de vivienda vacía. Esto no es gratuíto, y responde a un claro modelo: aquél en el que los Ayuntamientos vendieron el suelo público a la empresa privada, y en el qué la empresa privada dispuso de todas las facilidades para construir sin reglamento ni límite alguno. El modelo de mal vender la ciudad, y con ella nuestros derechos.

En consiguiente, nos encontramos con una exígua y ridícula oferta de vivienda pública en régimen de alquiler social, que dispone de muy poca oferta frente mucha demanda. Este hecho nos trae a situaciones vergonzosas que ya apuntan los pronósticos:

Las personas con un pronóstico positivo, es decir, aquellas que aún tienen entrada de dinero en sus cuentas, tienen opciones de acceder en el parque de vivienda social. Alquileres por cierto, que son completamente desfasados, puesto que un 30% de 420€ -que puede cobrar una familia de una PIRMI- nos da un alquiler de 120 euros, y ya nos diréis como sobrevive una familia con 300 euros mensuales...

Más grave todavía son los pronósticos negativos, es decir, las familias que no cobran nada, éstas, las más precarias, quedan fuera de cualquier posibilidad de acceso a la vivienda social. ¿Increíble, verdad?

El resumen de la receta es letal: vivienda vacía y abandonada, desahucios y pocas posibilidades de acceso a la vivienda para las personas con menos recursos.

¿Cuál es nuestra obligación dentro de este engranaje tan perverso?

La obligación de los movimientos sociales es responder a la vulneración de derechos que sufrimos por parte del Estado, y la obligación de la PAH es usar el sentido común y recuperar aquello que es nuestro. La vivienda no puede ser un producto más de mercado, la vivienda es un derecho básico y lo tenemos que batallar en todos sus campos. No podemos permitir que quede ningún piso vacío mientras una familia duerme en la calle. Hacer caer la puerta de una vivienda para dar su uso social no es una ilegalidad, es sencillamente tener corazón.

Y el Bloque La Bordeta es esto, es el calor para las 7 familias que allí viven, es la lucha de unas valientes por el bien común, es la reapropiación de la dignidad, es la única solución que éstas familias han encontrado. Y como no, en el marco jurídico que defiende banca y grandes propietarios, el Bloque La Bordeta se encuentra amenazado: una orden de desalojo cautelar hace que en cualquier momento pueda ser desalojado, y esto signficaría que las 7 familias que viven en La Bordeta queden en la calle.

Bajo esta amenaza no podemos tener miedo, tenemos que exigir a la Sareb que ceda este bloque a las familias que ahora viven en La Bordeta con unos alquileres razonables, y que su obligación es entregar su parque de vivienda a la ciudadanía y dar uso social a sus pisos. Nosotros no nos cansaremos de citar a la Sareb, de iniciar un diálogo y de buscar soluciones conjuntas, pero mientras la Sareb siga sin responder a nuestras demandas, seguiremos con la reapropiación de nuestros derechos, y por lo tanto, seguiremos en el Bloque La Bordeta.

No restaremos sentadas a la espera de la reparación del robo cometido, mientras el debate circula por sus despachos, nosotras seguiremos activando las calles y conquistando nuestros derechos.

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Publicado el
5 de julio de 2015 - 20:25 h

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