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CATALUNYA

La sanidad pública y el Siscat, aclarando conceptos

Mientras los presupuestos sanitarios se reducen ejercicio tras ejercicio afectando la calidad de la asistencia, aumenta la actividad contratada con recursos públicos a empresas que se reservan un margen de beneficio comercial.

Consejero catalán dice que la inversión en salud es un factor de desarrollo

El conseller de Salud, Boi Ruiz.

En el ámbito sanitario, hemos asistido a un mes de julio caliente, mucho más que en el plano estrictamente meteorológico. Protestas por el cierre de camas hospitalarias y denuncias de sindicatos, asociaciones de usuarios y partidos políticos (todos excepto CiU y ERC) por lo que se considera un desmantelamiento de la sanidad pública, al tiempo que se incrementa la asignación de recursos a los centros sanitarios privados con ánimo de lucro mediante la derivación de pacientes y la contratación de actividad quirúrgica.

Ante estas acusaciones, el conseller de Salud, Boi Ruiz, utiliza sus habilidades discursivas para negar los reproches y acomodar lo que él considera como la verdad: todos los centros en los que se atienden pacientes con cobertura pública forman parte del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT). Así da a entender que sanidad pública y SISCAT son dos conceptos equivalentes. Además, destaca que el decreto de creación del SISCAT proviene del gobierno tripartito y que él sólo está desarrollando lo que decidió el anterior gobierno.

La hemeroteca, como siempre, nos sacará de dudas. El traspaso de las competencias sanitarias en 1981 supuso la transformación del INSALUD en el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Pero ya entonces se hacía patente que las necesidades asistenciales de la población catalana requerían más dispositivos y sobre todo una mayor proximidad territorial. De esta manera nació la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP) aprovechando la mayor parte de centros de titularidad pública (ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales ...) o privada sin ánimo de lucro (fundaciones vinculadas a la Iglesia o a cajas de ahorro) con los que se establecían conciertos para la realización de actividades asistenciales.

Durante casi 30 años, los hospitales de la XHUP y del ICS han ofrecido una asistencia de excelencia y han conformado el núcleo del modelo sanitario mixto específico y característico de Cataluña. Es decir, una red sanitaria con centros íntegramente públicos, ya sean titularidad de la Generalitat (ICS) o con la participación de diferentes instituciones públicas en sus consejos de administración (XHUP). Este modelo, con sus virtudes y sus defectos, constituía la sanidad pública del país en el que la participación de hospitales con titularidad privada y ánimo de lucro era totalmente marginal.

En 2010 sin embargo, quince días antes de que Boi Ruiz accediera al cargo de consejero, justo cuando se estaba produciendo el traspaso de poderes, el gobierno saliente aprueba la constitución del SISCAT. Inicialmente, esta estructura debía servir para unir en una sola red los centros de internamiento de agudos del ICS y de la XHUP, los centros de atención primaria, los sociosanitarios y las entidades de transporte sanitario. Pero el decreto de creación del SISCAT introduce un elemento que modifica las bases mismas del modelo y redefine el carácter puramente público de la nueva red sanitaria.

Uno de los artículos del decreto específica que pueden formar parte del SISCAT los "centros de titularidad privada cuyos servicios sean necesarios para implementar las previsiones del Plan de Salud de Cataluña y así lo soliciten".

El 29 de diciembre de 2010 Boi Ruiz accede al cargo de conseller de Salud de la Generalidad de Cataluña. Siete meses más tarde, en julio de 2011 el grupo CAPIO (actualmente IDC Salud), propietario del Hospital General de Cataluña, adquiere los Hospitales del antiguo Grupo Alianza: Hospital del Sagrado Corazón y Clínica del Vallés. El grupo IDC es una multinacional con ánimo de lucro, propiedad del fondo de capital-riesgo CVC, con sedes en Londres y Luxemburgo. Tan sólo un mes después de la compra (agosto 2011), en medio de la primera ola de recortes en los hospitales públicos, se resuelve la licitación de un contrato de gestión de servicios de atención especializada de apoyo a la XHUP por 8 millones de euros que se adjudica a la Clínica del Vallés.

Nos situamos ahora en julio de 2012. El Gobierno publica una orden por la que se actualiza el listado de centros del SISCAT. En esta nueva relación se añaden el Hospital General de Cataluña y la Clínica del Vallès. La orden lleva la firma de Boi Ruiz y supone la integración del ánimo de lucro, dicho de otro modo, del beneficio privado, al sistema sanitario público.

"Tenemos un sistema sanitario público, insisto, por un decreto de 2010, un gobierno en que ustedes estaban. Por lo tanto, si ahora no creen en el SISCAT, ¿como es que creían en él cuando estaban en el Gobierno?". Es la respuesta del consejero en sede parlamentaria a la diputada de ICV, Marta Ribas, quien denunciaba la existencia de un "plan de reducción progresiva de la calidad de lo público para favorecer lo privado". Ruiz equipara conscientemente sanidad pública y SISCAT para desactivar las acusaciones de privatización, pero obvia que en su definición inicial el SISCAT cerraba el acceso al ánimo de lucro, hasta que llegó él y lo redefinió.

El conseller nos tiene habituados a sus excesos verbales y en esta línea afirma "si todo lo que no es ICS y está dentro del SISCAT lo consideramos privado, pues tenemos un problema de concepto sobre el modelo". El problema sobre el modelo muy posiblemente lo tiene el mismo conseller desde el momento que planifica un sistema que mezcla ICS, hospitales concertados sin ánimo de lucro y hospitales privados con ánimo de lucro.

Las definiciones conceptuales parecen suficientemente claras como también lo es que ha sido el actual Departamento de Salut, con Boi Ruiz a la cabeza, lo que ha abierto la puerta a la derivación de pacientes de la sanidad pública a la privada "porque todos los centros forman parte del SISCAT". Quizás lo que no está tan claro es que mientras los presupuestos sanitarios se reducen ejercicio tras ejercicio afectando la calidad de la asistencia, aumenta la actividad contratada con recursos públicos a empresas que se reservan un margen de beneficio comercial. Establecer convenios de colaboración con la sanidad privada cuando los centros públicos se encuentran al 100% de actividad y no pueden asumir la demanda asistencial parece razonable, hacerlo cuando se está estrangulando financieramente y privando de recursos a la sanidad pública parece deplorable.

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