OPINIÓN

Personas mayores activas, autónomas y atendidas

Diputado y portavoz adjunto del PSC en el Parlamento de Catalunya
Archivo - Personas mayores con un ordenador

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Nuestra legislación nacional y los derechos humanos protegen a las personas mayores. A pesar de que los principios de igualdad y no discriminación, todavía existen barreras que impiden a las personas mayores el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas, algo que incide de forma negativa en su calidad de vida. Una discriminación acentuada en los últimos años por los efectos de las crisis económicas, el incremento de los precios y los efectos de la pandemia. Una discriminación a la que hay que añadir las de género, discapacidad o dependencia, entre otras. Por otro lado, han sido recurrentes las manifestaciones de personas mayores reclamando unos servicios sanitarios y residenciales de calidad, una atención bancaria o la actualización de las pensiones con el IPC, esta última recogida por el gobierno de Pedro Sánchez.

Con el objetivo de consolidar y ampliar los derechos de las personas mayores de 65 años que viven en Catalunya, Salvador Illa presentó esta semana la primera Ley de Personas Mayores. El texto, que ya ha sido registrado en el Parlament por el grupo socialista, incluye en su articulado muchas de las peticiones expresadas por el colectivo y cuenta con aportaciones de diversas entidades y profesionales del sector. Entre ellas, la necesidad de luchar contra la discriminación por edad, el llamado edadismo, presente en muchos ámbitos de la vida diaria, o también la doble discriminación de las mujeres mayores, por su edad y por ser mujer. En ese sentido, una de las propuestas concretas que recoge la ley es la de garantizar los tratamientos ginecológicos a las mujeres mayores, que en Catalunya dejan de hacerse a una determinada edad, o la inclusión de la gerontología en la atención primaria sanitaria.

Habitualmente, cuando hablamos de personas mayores se corre el riesgo de pensar solo en los cuidados, pero existe un importante número de personas que gozan de buena salud, que consumen, viajan, se forman y participan, y que a menudo se sienten olvidadas por la administración pública. En esa línea, la ley refuerza los consejos de participación de las personas mayores como interlocución necesaria para el diseño de políticas que les incumben y en cualquier servicio o equipamiento destinado a las personas mayores. Crea, además, la figura del defensor/a de las personas mayores dentro de la estructura de la Sindicatura de Greuges catalana, fomenta la reserva de plazas en estudios universitarios y de formación profesional, mejora su acceso a la cultura y al envejecimiento saludable, el incremento automático de las pensiones no contributivas hasta alcanzar el índice de Renta de Suficiencia catalán, y servicios de atención jurídica gratuitos.  

Pero sin duda, dos de los aspectos más destacables y debatidos del texto registrado en el Parlament, hacen referencia al modelo residencial: residencias medianas y pequeñas, con asistencia médica pública y con un nuevo modelo de inspección, en la línea del modelo acordado por el Gobierno de España. A nadie se le escapa la necesidad, después de lo vivido con la pandemia, de que el sector social y sanitario vayan de la mano para mejorar la atención a nuestros mayores. Vivir en una residencia no puede conllevar la renuncia a una atención sanitaria pública de la que sí se dispone si se vive en la vivienda habitual. A este respecto, la ley refuerza los servicios de atención domiciliaria, convirtiendo la vivienda habitual en el núcleo principal de atención, dejando la institucionalización a la voluntad de la persona o cuando su estado de salud así lo recomiende. Para eso, hay que fortalecer y reducir los trámites administrativos de la ley de la dependencia. Catalunya lleva una década siendo la comunidad autónoma con la lista más alta en dependencia, una media de 580 días de espera desde el reconocimiento del derecho y la prestación efectiva. El texto legislativo insta a la reducción de ese tiempo de espera reduciendo trámites y burocracia, en la línea de otras comunidades autónomas como la valenciana o la balear.

Y finalmente, la ley establece la obligatoriedad de las administraciones públicas y, en especial del sector bancario, de garantizar una atención presencial y telefónica personalizara alternativa a aquellos trámites que ahora, casi en exclusiva, son telemáticos.

La Ley catalana tendrá que pasar su primer trámite en el Parlament, y conseguir una mayoría parlamentaria para tu tramitación. El actual gobierno en minoría de ERC no invita a pensar en una legislatura larga, pero es fundamental iniciar el trámite con el máximo apoyo posible para que las problemáticas de las personas mayores en Catalunya, el 20% de la población, puedan ser abordadas, desde el reconocimiento de un colectivo al que hay que devolver todo aquello que ha aportado y aporta a nuestra sociedad. El pim pam político habitual deja poco espacio a iniciativas legislativas de este tipo, pero los socialistas catalanes seguimos dando pasos adelante en el reconocimiento de los derechos de unas personas mayores que las queremos activas, autónomas y atendidas. 

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