Anna Gabriel acusa al juez Llarena de “criminalizarla por enemiga” con su procesamiento
“Procesar a Anna Gabriel exclusivamente por su condición de portavoz parlamentaria es criminalizarla por enemiga”. Así se expresa la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que permanece en Suiza, en el recurso contra su procesamiento por desobediencia. La exportavoz cupaire en el Parlament acusa al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de investigar una causa que cumple “todos los requisitos del delito político”.
“¿Se protege en esta causa un interés jurídico concreto más allá de la indisoluble unidad de la patria?”, se pregunta el abogado de Anna Gabriel, Benet Salellas, en un recurso al que ha tenido acceso este diario. Añade el letrado sus dudas sobre que ese objetivo de proteger la unidad de España encuentre “interés jurídico compartido” en el resto de estados de la comunidad internacional, en referencia a los países donde se han trasladado los dirigentes independentistas y la respuesta que puedan dar Suiza, Alemania, Bélgica y Escocia a las peticiones de extradición.
Gabriel, junto al resto de defensas, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del juez Llarena de procesar a la cúpula del proceso independentista. En el caso de la exdiputada de la CUP, el procesamiento se limita a un delito de desobediencia, que, a diferencia de la rebelión, conlleva penas de inhabilitación y no de cárcel. Una vez el juez Llarena confirme su procesamiento, las defensas pueden volver a recurrir ante la sala de lo penal del Supremo.
En concreto, el magistrado procesó a Gabriel y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, por registrar la ley de transitoriedad jurídica. El juez destaca que las dos diputadas de la CUP no estaban advertidas específicamente por el Constitucional de que incurrirían en un posible delito si registraban la norma, pero que lo sabían porque la “inconstitucionalidad del proceso independentista es de notoriedad pública desde hace varios años”.
La defensa de Gabriel replica al juez que “incluso aceptando el relato de hechos” del auto de procesamiento “a meros efectos dialécticos”, el magistrado investiga “un delito político en el que se incrimina un objetivo político, en el que los procesados, y concretamente la señora Gabriel, actúan exclusivamente por fines políticos”.“Los hechos criminalizados no lesionan más que a posiciones políticas concretas mediante la utilización de los mecanismos parlamentarios”, añade el letrado Salellas.
Por todo ello, como ya han hecho varias defensas, Gabriel pide el archivo de la causa y, en su defecto, su traslado a los juzgados de instrucción de Barcelona y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para los aforados. A diferencia del resto de dirigentes independetistas que permanecen en el extranjero, el juez no pidió la extradición de Gabriel desde Suiza, aunque se mantiene la orden de detención en España.
