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CATALUNYA

El 3% acecha a Artur Mas, Oriol Pujol y la antigua cúpula de Convergència

El juez De la Mata imputa a CDC y su "mero continuador", el PDeCAT, por tráfico de influencias, blanqueo y cohecho

El magistrado cree que el cobro de comisiones "trascendía de una actuación unilateral" del tesorero y apunta a los responsables políticos entre 2009 y 2014

Convergència y el PDeCAT se suman al PP en la lista de partidos políticos imputados

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Oriol Pujol justifica en el interés público sus gestiones sobre las ITV

La cúpula de CDC acompañó a Oriol Pujol a declarar por las ITV, caso por el que ha sido condenado EFE

Del 3% no solo se ocupaba el tesorero. Así lo cree el juez de la Audiencia Nacional que investiga a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por financiarse mediante comisiones ilegales a cambio de obra pública. Desde este viernes lo hace con el partido y su heredero, el PDeCAT, como imputados. "La cuestión trascendía, desde luego, de una mera actuación unilateral del responsable de finanzas", afirma el juez José de la Mata.

En un auto, De la Mata expone de forma pormenorizada los cambios en la estructura de CDC que "no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados", estos son, el trasvase al partido de las mordidas enmascaradas como donaciones de empresarios a fundaciones afines a CDC como la CatDem y que ascenderían, como mínimo, a un millón de euros. El juez señala así a exdirigentes ya imputados en la causa, como los exgerentes Germà Gordó, Carles del Pozo o Francesc Sànchez, así como los extesoreros Andreu Viloca y Daniel Osàcar.

Pero por primera vez, en el auto aparecen nombres y apellidos de la antigua primera línea convergente. Es el caso de Artur Mas, Oriol Pujol Ferrusola (que ha sido condenado este viernes por corrupción en el caso ITV), Josep Rull (hoy encarcelado por rebelión), Lluís Corominas o Francesc Homs. El juez no ve motivo por el momento para investigarlos, pero los menciona para destacar que el sistema de cobro de comisiones "se mantuvo a pesar de los relevos en las personas encargadas de su ejecución en las estructuras del partido".

Además, algunos de los exconvergentes que sí están investigados, como Del Pozo declararon en su interrogatorio que "reportaban" los avisos del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de CDC a cargos políticos como el exsecretario general Oriol Pujol Ferrusola, expone De la Mata en su auto. En el caso de Sànchez, aseguró ante el juez que Viloca "informaba de su actividad" a Corominas, Rull y Homs, pero que nunca bajaba a "datos concretos".

Estas declaraciones dejan en entredicho la respuesta más habitual que a lo largo de estos años vienen dando los políticos de CDC, empezando por Artur Mas, cuando se les pregunta por la corrupción. Los dirigentes convergentes han alegado que del dinero, el legal y el que pudiera ser ilegal, se encargaban los tesoreros, no ellos. Una tesis que nunca se ha creído la Fiscalía Anticorrupción.

"Conocedores de la financiación ilícita"

"Pese a ser conocedores de la existencia de esta operativa de financiación ilícita, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años", asevera el juez De la Mata.

En este sentido, el juez indica que CDC no disponía de un sistema de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de la documentación, operaciones o transferencias como las que se efectuaban desde sus fundaciones y que serían la última etapa del recorrido de las comisiones hacia el partido. De esta falta de fiscalización llegó incluso a alertar el Tribunal de Cuentas, sin que se enmendara, añade De la Mata, por parte de los responsables económicos o políticos de la formación.

El auto también arroja cifras que dan cuenta de lo fundamental que resultaron sus fundaciones afines en la financiación de Convergència. Así, las "notas internas de cargo", la expresión con la que CDC describía las transferencias de dinero que recibía de la fundación CatDem, supusieron de media el 11,5% de la financiación privada del partido entre 2008 y 2012, y un 7,7% de la financiación total, si se tienen en cuenta los ingresos públicos. En otras palabras: casi uno de cada diez euros que entraban en Convergència procedían de sus fundaciones y están bajo sospecha de corrupción.

Con la decisión del juez de este viernes, Convergència –que ya fue condenada en el caso Palau– y el PDeCAT se suman al PP en la lista de partidos políticos imputados. En el caso de los populares, tendrán que sentarse como acusados en el banquillo por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.

De la Mata, como Sánchez Ulled

La imputación de CDC se extiende al PDeCAT al estimar el juez De la Mata que el nuevo partido no es más que una prolongación del anterior. De hecho, el instructor llega a apuntar que el PDeCAT se creó hace dos años con el objetivo de "desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente", es decir, Convergència.

En un escueto comunicado, el PDeCAT ha alegado que nació en 2016 y que los hechos investigados por la Audiencia Nacional corresponden a la etapa 2008-2013. La imputación por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, a juicio del partido, está basado "en apriorismos sin consistencia jurídica". Acusan además al magistrado de "atribuir unas intenciones al PDeCAT sin ningún tipo de base legal y con la única intención de extender una sombra de duda con objetivos que nada tienen que ver con la lucha con la corrupción".

De la Mata no es el primer operador jurídico que ve al PDeCAT el continuador de Convergència: el fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, la bestia negra de CDC en los juzgados de Barcelona, reclamó el decomiso de 6,6 millones a Convergència o al PDeCAT como formación heredera en una causa que finalmente supuso la primera condena por corrupción para el partido. En el caso Palau, CDC fue condenada como partícipe a título lucrativo como beneficiario de las comisiones pagadas por Ferrovial a cambio de obras públicas del último Govern de Jordi Pujol, allá por el año 2003.

A partir de entonces y durante más de una década, según De la Mata, pocas cosas cambiaron. La operativa de comisiones fue "similar", si bien el método se sofisticó. Así, en vez de los sobres en efectivo que recogían a finales del siglo XX los tesoreros del partido en los despachos de Millet y Montull, el caso del 3% se habría basado en su mayoría en donaciones a las fundaciones CatDem, Forum BCN y Nous Catalans, que luego los mismos tesoreros transferían al partido, a cargo de los constructores con los que previamente los convergentes habían pactado la adjudicación de obras.

El juez De la Mata emplaza a ambas formaciones (PDeCAT y CDC) a que, como personas jurídicas imputadas, designen abogado y procurador. En pocos días se sabrá si los ex y posconvergentes comparten abogado además de imputación por corrupción.

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