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Archivado el caso de la concejala de la CUP que acusó a los Mossos de “ejecutar extrajudicialmente” a los terroristas de Barcelona

La concejala de la CUP Maria Rovira en una imagen de archivo

Oriol Solé Altimira

Decir durante un pleno municipal que los Mossos d'Esquadra “ejecutaron extrajudicialmente” a los terroristas de Barcelona y Cambrils no es delito, sino que está dentro de la libertad de expresión. Así lo ha certificado el juez de Barcelona que investigaba a la concejal de la CUP en la capital catalana Maria Rovira por un presuntas injurias a los fuerzas y cuerpos de seguridad a raíz de una querella de varios sindicatos policiales. 

Rovira pronunció estas palabras en el plenario del pasado mes de agosto por el que se concedieron las medallas al mérito cívico a los Mossos y la Guardia Urbana por su papel en los atentados del pasado mes de agosto. Además de su andanada contra la policía catalana, también acusó a la Guardia Urbana de ser el “brazo ejecutor del racismo institucional” en Barcelona.

“Se podrá estar en desacuerdo con su perspectiva, pero no hay duda que se expone en el ejercicio de la libertad de expresión que le marca su mandato como concejala de la CUP para cargarse de razones en contra de la propuesta sometida a votación”, argumenta el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, en el auto por el que archiva la causa, al que ha tenido acceso este diario.  

“Más que injurias, se evidencia un ánimo de oponerse políticamente a una propuesta también política”, expone el auto, que enmarca la “diatriba ideológica” de la concejala de la CUP en la denuncia que la formación política hace de “un orden social injusto”. 

En su declaración como imputada (investigada, según la nueva denominación), Rovira defendió que con sus palabras quería “poner sobre la mesa” el debate sobre “un modelo policial que garantice los derechos humanos”, ya que, recordó, los siete terroristas abatidos por los Mossos tras atentar en agosto en Barcelona y Cambrils, “no fueron detenidos ni tuvieron derecho a un juicio justo”.

Por contra, los sindicatos policiales SPC, CSIF y SAPOL que ejercían de acusación popular, y que ahora pueden recurrir el sobreseimiento de la causa decretado por el juez, consideraron las palabras de Rovira “injurias muy graves”.

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