“¿Catalunya en Comú tiene que participar en la movilización del 1-O?”: la pregunta de los comuns a su militancia
“¿Catalunya en Comú tiene que participar en la movilización del 1-O?”. Esta es la pregunta que el partido de Ada Colau trasladará a su militancia entre los próximos 12 y 14 de septiembre, han anunciado este sábado el coordinador general y la portavoz de la formación, Xavier Domènech y Elisenda Alamany, tras la reunión de la coordinadora.
Los comuns decidieron antes del verano apoyar el 1-O, pero entendiéndolo como una movilización y no como un referéndum vinculante y con garantías, fórmula que defienden los de Ada Colau para solucionar la situación de Catalunya. Dejaron para este septiembre la decisión sobre si harían un llamamiento abierto a votar, ya que, recordaron, el 1-O no estaba convocado y el Govern tenía pendiente explicar las “garantías” de la votación.
Con la ley del referéndum aprobada y el decreto de convocatoria firmado –y suspendidos por el Tribunal Constitucional–, los más de 10.000 inscritos en el nuevo partido de los comuns tendrán ahora que responder si la formación participa en el 1-O, un hecho sobre el que internamente no hay unanimidad.
Mientras que pesos pesados del partido como el primer teniente de alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, han mostrado su disposición a votar el 1-O, varios militantes del entorno de ICV lanzaron un manifiesto que pedía rechazar participar en la votación.
“En un debate rico y por consenso, hoy hemos acordado la pregunta con que consultaremos a todos los inscritos e inscritas”, ha explicado Domènech. El líder de En Comú Podem en el Congreso ha reiterado que los comuns seguirán trabajando “por un referéndum efectivo y la salida democrática a un conflicto político” provocado, a su juicio, “por la falta diálogo y la persecución del Gobierno del PP que hoy llega al delirio”, ha dicho en referencia al registro de un semanario en Valls (Tarragona).
La pregunta de los comuns a su militancia llega el día después que el Ayuntamiento de Barcelona rechazara ceder a la Generalitat los colegios electorales para celebrar el referéndum del 1 de octubre debido a la suspensión del Constitucional y pidiera “garantías” al Govern para facilitar la votación sin poner en riesgo a los funcionarios.
