Una década de lucha contra la corrupción y las malas prácticas: Antifraude ha atendido 1.735 denuncias en 10 años
La Oficina Antifraude de Catalunya ha hecho balance este miércoles de su gestión contra la corrupción y las malas prácticas en la administración pública coincidiendo con los 10 años de su nacimiento: en este decenio, el ente ha atendido un total de 1.735 denuncias. A lo largo de 2019 se han recibido 252 denuncias, lo que supone un incremento del 57% respecto a la media de denuncias del periodo 2010-2018.
Un 61% de los casos tramitados a lo largo de estos diez años son relativos a ayuntamientos, mientras que la Generalitat es la segunda institución más investigada, con un 16% de pesquisas. Del conjunto 1.735 denuncias, el 40% han sido investigadas, el 55% han sido archivadas y en el 5% de los casos el expediente ha sido interrumpido tras constatar que los hechos eran objeto de investigación por parte del ministerio fiscal, la policía judicial o la autoridad judicial.
Entre las causas del incremento en estos diez años destaca el buzón de denuncias anónimas que se puso en marcha el 11 de diciembre de 2017, por parte del actual director, Miguel Ángel Gimeno, y que ahora muchos denunciantes usan a Antifrau como “buzón único” al que vehicular una denuncia cuando no saben adonde dirigirse.
En el periodo 2011-2017, el 72% de los denunciantes eran personas identificadas, mientras que entre 2018-2019, el 67% fueron no identificables, un cambio de perfil causado por la aparición en diciembre de 2017 del canal de buzón de denuncias anónimas. En el transcurso de estos diez años, las materias que han sido objeto de investigación han sido contratación pública (36%), conflictos de interés e incompatibilidades (21%), función pública (17%), urbanismo (12%), subvenciones (5%) y otros (9%).
Desde la Oficina reclaman que el Parlament revise la ley del ente, ya que quieren poder tener mecanismos coercitivos ante los que incumplen sus resoluciones, porque ahora no pueden hacer nada si no hay respuesta cuando emiten un informe si la institución afectada decide no actuar.
Asimismo, quieren poder proteger mejor a los alertadores, en la línea de la directiva europea, y tener el control de las declaraciones de bienes e intereses de los cargos electos y gubernativos, además de ser la autoridad que controla la contratación, para hacer una “prevención activa”.
