Las grandes ciudades catalanas replantean la gestión de basuras tras las denuncias de fraude
La sacudida política en el mundo local catalán de las pasadas elecciones municipales, que basculó a muchos consistorios hacía la izquierda, comenzó una legislatura en la que muchos gobiernos han revisado la forma de ofrecer sus servicios. Nuevos gobiernos accedieron con programas que proponían cambios en la gestión del agua o en la relación con las eléctricas, además de en la gestión de basuras y limpieza viaria, una de las grandes porciones del presupuesto municipal.
En el caso de la basuras, la tendencia de muchos ayuntamientos a introducir cambios se aceleró la semana pasada, cuando Barcelona y Badalona anunciaron haber detectado posibles fraudes de las empresas concesionarias. Barcelona fue la primera que llevó a la Fiscalía un posible fraude de FCC, de quien sospechaban que habían obtenido ganancias irregulares por unos 800.000 euros entre 2013 y 2015.
El anuncio de Badalona llegó pocos días después, cuando el Ayuntamiento informó de que una auditoria encargada había detectado presuntas irregularidades de la misma empresa. En este caso la cifra supuestamente defrauda se situaba en 12,8 millones de euros, entre los años 2010 y 2015.
Ahora, ayuntamientos de las principales ciudades catalanas, especialmente los que tienen contratos con FCC, estudian un abanico de acciones que van desde el encargo de informes y auditorias, o el aumento de controles a las empresas que prestan el servicio, hasta el estudio de su municipalización, como propone ERC en Barcelona, la CUP en Reus, o está a punto de completar Castelldefels, donde gobierna una coalición de varios partidos de izquierda liderados por la alcaldesa Candela López, de ICV.
Más control y auditorías
Tras las dos denuncias, diferentes ayuntamientos han anunciado acciones para extremar los controles. Así, L'Hospitalet anunció el refuerzo de su cuerpo de inspectores que efectúan controles permanentes sobre, entre otras cuestiones, la recogida de basuras y limpieza viaria. La alcaldesa de la segunda ciudad catalana, Núria Marín, anunció que en la última de estas inspecciones, en el mes de octubre, los técnicos habían retirado 11.300 euros de la facturación por incumplimientos de la FCC.
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) es la empresa reina en la gestión de residuos de los ayuntamientos catalanes. Además de dar una parte del servicio en Barcelona, L'Hospitalet y Badalona, lo hacen también en ciudades como Tarragona, Mataró, Reus o Girona. De estos, el gobierno de Mataró (PSC y CiU) ya ha anunciado el encargo de una auditoría interna para determinar si la empresa está cumpliendo con el contrato como corresponde. El ayuntamiento de la capital del Maresme ya había anunciado a principios de mes la intención de introducir cambios en los indicadores del servicio y reforzar la inspección.
A Mataró le ha seguido otra ciudad, Castellar del Vallès, a quien también le realiza el servicio FCC. Si bien el Ayuntamiento de esta localidad gobernada por el PSC asegura no tener indicios de posibles irregularidades, esta semana anunció el encargo de una auditoría para analizar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
En el caso de Girona, el servicio lo presta una empresa mixta, controlada al 75% por FCC y, el otro 25%, completado por el ayuntamiento. Con estas características, desde el Ayuntamiento gobernado por CiU y PSC aseguran que las medidas de control son rigurosas y, en los últimos meses, abiertas a la ciudadanía, que puede revisar y reportar si la empresa está efectuando las tareas que indica. Según afirman, hasta ahora no se han detectado irregularidades.
Municipalización del servicio
Las acciones destinadas a luchar contra posibles fraudes son solo la punta de lanza de un replanteamiento general que están llevando a cabo diferentes municipios catalanes sobre cómo se gestiona este servicio. La recogida de basuras y limpieza viaria han sido tradicionalmente una de las porciones más suculentas del pastel presupuestario que reparten los ayuntamientos vía contratos, y diferentes formaciones apuestan por que deje de serlo.
El pleno de Barcelona aprobó este viernes una propuesta de ERC por la que, como Mataró o Castellar, se reclama una auditoría del servicio. Pero, además, la proposición aprobada pide realizar un informe para estudiar las posibilidades técnicas y económicas de municipalizar el servicio, total o parcialmente. ERC defiende esta medida para “limpiar el servicio de limpieza”, mientras que desde el gobierno BComú y PSC lo rechazan de entrada.
La municipalización del servicio de recogida de basuras también está dando que hablar estos días en Reus, gobernada por CiU, Ara Reus y ERC. La CUP de la localidad, principal partido de la oposición, promueve la gestión pública del servicio, enfrentándola a la empresa y a sus trabajadores, que a través del comité de empresa han anunciado huelgas si el ayuntamiento no se posiciona públicamente contra la municipalización.
Por su parte, Castelldefels está a punto de completar la municipalización de la recogida de las basuras y limpieza de las calles. El contrato con una empresa local caducó en 2013 y la oposición bloqueó el intento del gobierno del PP de aprobar la concesión de otra empresa. La entrada del nuevo gobierno, una coalición de izquierdas que une a ICV, PSC, ERC y Podemos, aceleró el paso a manos municipales del servicio, que prevén que empiece a funcionar gracias a una nueva empresa pública en abril.
