La jueza insta a la Fiscalía a concretar “todas las actuaciones” sobre el despliegue policial frente a la sede de la CUP
Tras ordenárselo la Audiencia de Barcelona, la jueza de instrucción sigue tirando del hilo acerca del despliegue policial sin orden judicial del 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de la CUP. En una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, la instructora insta a la Fiscalía Provincial de Barcelona a concretar “todas las actuaciones” practicadas el 20-S, así como su horario, en relación a la entrada y registro interesada por la Policía en la sede de los anticapitalistas pero que no fue acordada.
En su declaración como imputado por un presunto delito de coacciones, el mando de la Policía que comandó el despliegue alegó que actuaron bajo las orden de la Fiscalía Superior de Catalunya que instaba a todos los cuerpos policiales a requisar propaganda, ya fuera pública o de particulares, sobre el 1-O. De ahí que la jueza pida ahora al Ministerio Público más información sobre lo sucedido con el objetivo de “aclarar la actuación policial”, tal y como reclamaron los magistrados.
La Audiencia destacó que, en vez de pedir autorización judicial para entrar en el local de la CUP, los antidisturbios “permanecieron seis horas apostados en la vía pública, rodeando la sede de un partido político legal, sin permitir la entrada o salida de cualquier militante o persona contratada laboralmente por el partido, ni personas simpatizantes al mismo”, cortando además el tráfico de las calles Sardenya y Marina.
Este despliegue de los antidisturbios, a criterio de los magistrados, podría ser constitutivo de un delito de coacciones al usarse los agentes para “restringir la libertad ajena” de los militantes y trabajadores del partido.
Los agentes se incautaron de material que militantes de la CUP estaban subiendo al maletero de un coche. Tras la incautación del material, el despliegue de antidisturbios provocó una concentración de miles de militantes cupaires –y también de políticos de otros partidos como Xavier Trias del PDeCAT o Jaume Asens de BComú– para protestar por la presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Finalmente, la Policía no entró en la sede de la CUP.
El partido, además de criticar la actuación policial y pedir su investigación por realizarse sin orden judicial, considera que la Policía buscaba “provocar” una situación violenta. Todo ocurrió el pasado 20 de septiembre, jornada en que se produjeron varios registros en sedes de la Generalitat y protestas contra la actuación policial, la más importante frente a la conselleria de Economía, que son la base de la acusación por rebelión contra los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo. Lo ocurrido en la sede de la CUP, no obstante, no aparece en el escrito de acusación de la Fiscalía.
