Forcadell pide al TSJC frenar su causa penal hasta que la Justicia europea la avale
El derecho internacional ha aparecido por primera vez en las causas judiciales en las que están inmersos los dirigentes soberanistas. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que frene la investigación penal sobre ella y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament hasta que la Justicia europea la avale.
Forcadell está imputada por tres presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por no impedir tres debates parlamentarios sobre el referéndum y la independencia de Catalunya, tal y como le había ordenado el Tribunal Constitucional (TC).
A juicio de la defensa de Forcadell, que lidera el abogado Andreu Van den Eynde, las órdenes del TC para impedir debates parlamentarios podrían vulnerar principios recogidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y la Carta de Derechos Fundamientales de la UE (CDFUE) relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la garantía de la inviolabilidad parlamentaria.
Por ello, en un recurso, Forcadell pide al TSJC que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el órgano judicial que valore la “posible incompatibilidad” entre las órdenes y mandatos emitidos por el Constitucional y los derechos recogidos en los tratados europeos.
La petición de Forcadell al TSJC se ha realizado en un recurso de súplica contra la admisión de la querella que la Fiscalía presentó la semana pasada contra la presidenta del Parlament y los miembros soberanistas de la Mesa por no impedir que se debatieran y aprobaran las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.
En caso de que el TSJC desestime este recurso (como todos los que ha presentado Forcadell a lo largo de la causa), la defensa pide al alto tribunal catalán que plantee ante el TJUE una cuestión prejudicial para que sea esta instancia europea quien se pronuncie sobre si es compatible con los tratados europeos la “persecución penal” de la Mesa del Parlament “por haber permitido la tramitación, debate y votación de iniciativas parlamentarias relativas al derecho de autodeterminación de Catalunya”.
La defensa de Forcadell sitúa los advertimientos del TC y las querellas de la Fiscalía contra la presidenta de la cámara en un “contexto de amenaza al Parlament” en el que el Constitucional pretende “alterar el funcionamiento” de la asamblea legislativa catalana y modificar los procedimientos de tramitación de iniciativas parlamentarias.
“La única conducta de Forcadell y Simó [la otra miembro de la Mesa imputada que defiende Van den Eynde] es cumplir con la tramitación parlamentaria de iniciativas políticas, desde su posición neutral como miembros de la Mesa, sin posibilidad de filtrar su contenido”, recuerda el recurso.
“Aquí está en juego la democracia, los derechos a la libertad de expresión y de iniciativa política, así como los derechos que indirectamente se manifiestan en cada uno de los temas tratados [por el Parlament]: autodeterminación de los pueblos, dignidad, respeto, prohibición de discriminación, etc.”, resalta Van den Eynde en su escrito.
Asimismo, en otro escrito, Forcadell solicita al TSJC la recusación de su presidente, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos, Mercedes Armas y Maria Eugènia Alegret –esta última la instructora de su causa– por falta de imparcialidad.
