Dos tercios de las subvenciones que reciben los grupos municipales de Barcelona van a parar a los partidos

8,5 millones de euros solo en lo que va de legislatura, 2,5 por año, es el dinero que se reparten en concepto de subvenciones los siete grupos municipales que conforman el Ayuntamiento de Barcelona. Esta es la cifra que el consistorio y todos los grupos, a excepción de la CUP, se niegan a justificar con facturas. La alcaldesa, Ada Colau, por acuerdo de los partidos, ha llevado a la Comisión de Transparencia al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con el argumento de que no están obligados a justificar estos gastos, según desveló este jueves eldiario.es. Pero, ¿a qué dedican esa importante cantidad de dinero los grupos?

El destino de estos ingresos es diverso, pero la mayor parte se va en donaciones, acuerdos o convenios con los partidos correspondientes a cada grupo municipal. Hasta dos de cada tres euros fueron aportados directamente a los partidos entre los años 2015 y 2016, según la información que ha podido recabar este diario. Esto significa que, en lo que va de legislatura, los grupos habrían aportado hasta 6 millones de euros directamente a sus formaciones.

Una práctica legal y que la ley de financiación de los partidos permite, pero que oscurece la utilización final que se hace de los fondos públicos del Ayuntamiento. Sobre todo teniendo en cuenta la alta cuantía de los fondos y que esta la decide el propio pleno. Por comparar con un ayuntamiento de tamaño similar, Madrid repartió en 2017 495.134 euros entre sus grupos, mientras que en Barcelona la cifra ascendió a 2,4 millones ese año.

El grupo de Barcelona en Comú, que es el que más subvención recibe de acuerdo a su representación, en 2016 dividió 579.648 euros entre las tres fuerzas que forman su coalición, BComú, ICV y Podem, a cuenta de la mitad para la primera, un tercio para la segunda y en torno a un 15% para la tercera. El partido de la alcaldesa tiene, además, un apartado en su web con una nota contable por cada gasto realizado, un nivel de detalle del que pocas formaciones pueden presumir.

¿Por qué consideran, entonces, que los grupos municipales no han de aportar las facturas al ciudadano que las reclamó y tal como requería la Comisión de Transparencia (GAIP)? La razón que aducen es contable. El partido recibe aportaciones de las diferentes instituciones en las que tiene representación y otras formas de financiación -como pueden ser las cuotas de afiliados-, que van a una caja única. Entienden así que sería una “ficción” adjudicar ciertos gastos del partido a unos ingresos concretos, en este caso a los procedentes de las subvenciones municipales, cuando todos los gastos de BComú salen de esa única caja.

Esto ocurre pese a que la ley de bases locales obliga a los grupos a llevar una contabilidad propia y separada de la del partido. Sin embargo, BComú aduce que la ley de financiación de partidos sí considera esta como una de las vías de financiación de las formaciones políticas, avalada además por el Tribunal de Cuentas.

El uso de subvenciones de cada grupo

El grupo de CiU, ahora PDeCAT, sí separa contabilidad del grupo respecto de la del partido. En 2016, por ejemplo, declara haber recibido 537.708 euros del ayuntamiento, de los cuales 280.000 fueron directamente para su formación. Otros 300.000, en cambio, figuran como gastados por el grupo. En el desglose aparece un genérico “Gastos gastos de funcionamiento y servicios”, epígrafe que se lleva 154.554 euros ese año, o una partida para “asesoramiento estratégico y estudios” en la que se computan 133.559 euros. En las resoluciones que han sido llevadas a los tribunales por el Ayuntamiento de Barcelona, la Comisión de Transparencia aseguraba que los grupos debían explicar de forma detallada las partidas de gastos, censurando los epígrafes vagos y genéricos.

También el PSC utiliza denominaciones abiertas para justificar los gastos anteriores a las elecciones de 2015. En la relación de gastos facilitada a este diario, los socialistas aseguran que tuvieron 40.546 euros en “gastos de personal”, 12.089 en “seguridad social” y 925 en “plan de pensiones trabajadores de grupo municipal”. La ley veta que los grupos tengan a sueldo a trabajadores de la corporación, aunque no está claro si este precepto se refiere a la prohibición de asalariar a empleados del ayuntamiento o del grupo.

Con todo, en esta legislatura, el PSC ya se ha acogido a la fórmula de donarlo todo al partido. El grupo de Jaume Collboni entregó 282.169 euros a su formación en 2016. Es exactamente lo mismo que hace ERC, que tiene por costumbre traspasar un alto porcentaje de la subvención a la sede nacional. En 2016 fueron 275.000 euros de los 301.922 recibidos. Del resto, que el grupo se quedó para sus propios gastos, solo se empleó unos 5.000 euros en todo el año.

El Partido Popular destina el grueso de la subvención al partido, en concepto del uso de locales y oficinas, atención ciudadana y mantenimiento de oficinas. Fueron más de 100.000 euros en 2016 y 62.200 en 2015. El PP incluye otra parte importante que deja como remanente para el grupo. Por su parte, Ciudadanos se niega a detallar ninguno de sus gastos y se limita a informar de que en 2015 utilizaron el 74% de la aportación recibida, mientras que asegura que solo usaron a gastos del grupo un 1% de los 300.000 euros que recibieron en 2016.

La CUP, por último, ha remitido a este diario la documentación en la que consta toda su contabilidad y todas las facturas contraídas durante la legislatura. En ella aparecen aportaciones a diversas entidades, como el propio partido (34.000 euros en 2016), sindicatos y organizaciones sociales diversas (175.628 euros). Los anticapitalistas están de acuerdo con que deben justificar todos sus gastos vinculados a la subvención ante la Comisión de Transparencia.

¿Fondos para el grupo o para el partido?

La diferencia entre el dinero que un grupo municipal utiliza para sus tareas diarias y lo que realmente recibe en concepto de subvención (que en su mayoría acaba dando al partido) es una anomalía de un sistema de financiación de los partidos nunca resuelta. Hay quien entiende que los grupos deberían recibir solo lo que necesitan, mientras otros defienden que la fórmula actual permite financiar adecuadamente a los partidos desde las instituciones municipales y en función de su representación. Esta sería una buena manera de evitar que recurran a la corrupción, entienden.

La Comisión de Transparencia catalana, por su parte, dictó en marzo pasado una resolución revolucionaria por la que se obliga a todos los ayuntamientos a publicar al detalle en qué se gastan estas subvenciones. Según acordaron, cada consistorio debía tener un apartado en su web donde especificasen los gastos hechos por cada grupo con cargo al erario público, con conceptos claros y sus fechas. Algo que, más de medio año después, los principales ayuntamientos catalanes consultados aún no cumplen.