El Govern rebajará las leyes sociales recurridas y anuladas para no desobedecer al Constitucional
El president de la Generalitat, Quim Torra, prometió a la CUP en su discurso de investidura que centraría su primera parte de la legislatura en tratar de recuperar la imponente lista de leyes sociales suspendidas o anuladas en el Tribunal Constitucional. Vencido el plazo autoimpuesto, este martes el Govern comenzará los trámites para rescatar media docena de ellas, limando los artículos que quedan fuera de la interpretación constitucional para evitar un choque jurídico con el Estado.
Las modificaciones que se harán a cada una de las normas son diversas, pero la tónica general será rebajar desde el Parlament los preceptos que el Constitucional ve fuera de la ley, por haber sido anulados, y también algunos que están suspendidos en este momento. Según ha avanzado La Vanguardia este lunes, los servicios jurídicos han estudiado modificaciones en la leyes de igualdad efectiva, de cambio climático, de voluntades digitales, de asociaciones de cannabis y las dos que ponían en marcha las agencias de ciberseguridad y de protección social.
De las anteriores leyes citadas, algunas tienen artículos que solo están suspendidos a la espera de la sentencia firme, como es la prohibición del 'fracking' o algunos de las funciones atribuidas a la agencia de protección social. Mientras, otras directamente han sido anuladas, como la obligatoriedad de que las empresas que operan en Catalunya elaboren planes de igualdad entre hombres y mujeres, o que los socios de clubes de cannabis puedan comprar esta sustancia para su consumo personal.
La promesa de “dar efectividad” a dichas leyes, formulada por Torra en su mensaje navideño, tomará forma de una ley ómnibus que llegará al Parlament en dos partes. El primer paquete, que incorporará hasta seis normas, comenzará a tramitarse en la reunión del Consell Executiu de este martes. El proyecto ha sido capitaneado desde el depatament de la Presidència que dirige Elsa Artadi, con la colaboración de otros departamentos. Una incógnita que aún no se ha resuelto es qué planes tiene el Govern para las figuras impositivas recurridas, un asunto en el que encontrar puertas traseras es más complicado.
Por lo que respecta a las leyes, la fórmula de acondicionar el articulado al marco constitucional tiene antecedentes en Catalunya y, también, en comunidades como Euskadi. Entre las primeras cabe recordar la rebaja que el Govern de Carles Puigdemont aplicó a la primera ley antidesahucios, que acabó convertida en una segunda norma que, sin embargo tampoco pasó el filtro del Gobierno. De hecho, el pacto al que el Govern acabó llegando con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez suponía renunciar a una de las atribuciones que esta ley le brindaba, como es la expropiación forzosa.
El Govern también ha estudiado cómo lo ha hecho el gobierno de Íñigo Urkullu, quién desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ya ha modificado dos leyes para acabar con el conflicto competencial que mantenía abierto. La diferencia entre la situación vasca y catalana es que, los primeros, suscriben primero pactos con Madrid para asegurar que el articulado que salga de la Cámara vasca no vuelva a ser recurrido. De esta forma, el Gobierno vasco desiste a algunos de los artículos a cambio de ganar otros que el Alto Tribunal podría anular.
En el caso de la iniciativa de “rescate” de leyes de Torra, sin embargo, no ha mediado ningún acuerdo con el Gobierno central, que este martes ni siquiera conocía la profundidad de la ley que el Govern pretendía impulsar. Desde el Gobierno central se sorprendían también de que el president optase por desistir de artículos aún no anulados cuando la negociación bilateral para recuperarlos estaba avanzando. Fuentes de la Generalitat ofrecen otra versión, asegurando que las conversaciones se habían atascado y que diversos departamentos tienen urgencia por aplicar las políticas atascadas en el Alto Tribunal.
Con la iniciativa que comenzará este martes, Torra intentará a la vez cumplir los compromisos suscritos con la CUP, una formación que muestra cada vez más distancia con la trayectoria del Govern, y a la vez no abrir un nuevo frente con el Gobierno ni con los tribunales. Un equilibrio necesario también para no cerrarse puertas en el Parlament, donde tras las suspensiones de diputados necesita pasar algunas votaciones con los anticapitalistas y, para otras vitales, ganarse el favor de los 'comuns'.
