La Generalitat limitará la Agencia Social y la prohibición del 'fracking' para adaptar sus leyes a la Constitución
El Govern ha aprobado este martes el inicio del plan de modificación de varias leyes para tratar de encajarlas al marco constitucional y “rescatar” varias de las medidas atascadas en el Tribunal Constitucional. Finalmente serán cuatro las normas que se toquen en una primera fase y, en el caso de dos de ellas, su reforma supondrá renunciar a medidas sociales y medioambientales que habían sido aprobadas por el Parlament y sobre las que el Alto Tribunal todavía no se había sentenciado.
En concreto, las modificaciones anunciadas por el Govern en leyes sin sentencia renuncian, por un lado, a la competencia de la administración catalana para prohibir la técnica de extracción de minerales conocida como 'fracking', y por otro a las atribuciones de la Agencia de Protección Social para gestionar recursos, recaudarlos y relacionarse con organismos equivalentes. La primera materia, de tipo medioambiental, se incorporaba en la ley sobre el Cambio Climático, que el Constitucional había suspendido de forma cautelar para el caso catalán pero que ya había anulado para otras comunidades autónomas.
En el caso de la ley de la Agencia de Protección Social, cuyos artículos también están suspendidos y a la espera de sentencia, las renuncias competenciales no tienen que ver con el “grueso” de la tareas que se le atribuyen, según alega la Generalitat, por lo que su modificación permitiría poner la agencia en marcha inmediatamente. Esta agencia aspira a ser la estructura mediante la que el Govern gestione el conjunto de las prestaciones sociales, de la renta garantizada a las ayudas por dependencia. En principio, además, se le confería un carácter recaudatorio que el anterior Gobierno central vetó.
El departamento de Trabajo y Asuntos Sociales ya anunció que pretendía poner en marcha esta agencia a lo largo de la presente legislatura, después de que la ley fuese aprobada en septiembre de 2017. Fuentes de la consellería explicaban este lunes sobre el desestimiento parcial que su prioridad era “sacar adelante la Agencia”. Pese a esto, desde el Gobierno central mostraban su sorpresa porque el Govern prefiriese modificar el redactado de sus leyes antes que entrar en un acuerdo interpretativo como se ha hecho en otros casos.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado en rueda de prensa que las modificaciones no significan que el Govern renuncie a poder llegar a acuerdos con el Gobierno central. Lo que se pretende, ha indicado, es buscar el “redactado más adecuado” para que las leyes puedan pasar el filtro del Constitucional. La razón de hacerlo en este momento es, en primer lugar, cumplir la resolución del Parlament aprobada por los grupos del Ejecutivo y la CUP, y en segundo lugar dar efectividad “cuanto antes” a políticas aprobadas.
Puertas traseras ante la falta de competencias
Las otras dos leyes que se modificarán son las de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y la de Asociaciones de Consumidores de Cannabis, ambas con artículos anulados, es decir, con sentencia firme. En este caso, la Generalitat opta por buscar alternativas a las medidas tumbadas, partiendo de que su rescate completo es imposible.
En el caso de la legislación sobre igualdad de género, los artículos anulados tenían que ver con la legislación laboral. Al ser esta una materia de competencia estatal el Constitucional consideró que la Generalitat no podía obligar a todas las empresas que operaban en Catalunya a aprobar una serie de medidas en el ámbito de la igualdad. Acatada esta decisión, el Govern aplicará esta legislación a las empresas dependientes del sector público y tratará de fomentarlas en las que trabajan con la Generalitat mediante condiciones en la contratación.
Como en la anterior, también en la ley de asociaciones de cannabis el Govern buscará una puerta trasera que, sin rescatar el grueso de la medida, sí rescate alguna parte. Así, con el antecedente de la modificación realizada en Euskadi, la reforma legal tratará de dar cierto amparo legal a los clubes cannábicos pero sin regular en ningún caso la compra-venta o adquisición de la droga.
